Gustavo Eduardo Valero Rodríguez Derecho Administrativo @gusvaleror: KELO vs CIUDAD DE NEW LONDON-Corte Suprema de Connecticut

KELO y otros contra la CIUDAD DE NEW LONDON y otros.

“Certiorari” a la Corte Suprema de Connecticut

No. 04.108. Discutido el 22 de febrero de 2005 – Decidido el 23 de junio de 2005.

Luego de aprobar un plan integrado de desarrollo diseñado para revitalizar su afectada economía, la demandada Ciudad, a través de su agente de desarrollo, compró la mayor parte de la propiedad destinada para el proyecto a aquellos dueños dispuestos a vender, pero el inicio de los procesos de reclamo por parte de los solicitantes, hizo que el resto de los propietarios de los terrenos se rehusaran a vender. Los solicitantes interpusieron esta acción ante la corte estatal, inter alia, indicando que el despojarlos de su propiedad violaría la restricción de “uso publico” contenida en la Cláusula de Expropiación de la Quinta Enmienda. El tribunal concedió una orden de restricción permanente prohibiendo la expropiación de algunas de estas propiedades, pero negando la liberación de otras. Basándose en casos como Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S. 229 y Berman contra Parker, 348 U.S. 26, la Corte Suprema de Connecticut afirmó en parte y reversó en parte, sustentando todas las expropiaciones propuestas.

Pronunciamiento: La Corte sostuvo que la naturaleza de la propuesta de la Ciudad sobre la propiedad de los solicitantes califica como de “uso público” en el sentido de la Cláusula de Expropiación. Pp. 6-20.

(a) Aunque la Ciudad no podía expropiar los terrenos de los solicitantes solo para otorgar un beneficio privado a un particular, ver, por ejemplo, Midkiff, 467 U.S., en 245, las expropiaciones objeto de la controversia iban a ser realizadas conforme a un cuidadoso plan de desarrollo, el cual no fue adoptado “para beneficiar una clase en particular de individuos identificables”, ibid. Por otra parte, mientras la Ciudad no planee abrir los terrenos expropiados – por lo menos no en su totalidad – para ser usados por el público en general, esta “Corte rechazo hace tiempo cualquier requerimiento literal que expropie propiedades para ser destinadas al uso... público”. Id., en 244. Más bien, ha adoptado la interpretación más natural y amplia del uso público como “propósito público”. Ver, por ejemplo, Fallbrook Irrigation Dist. Contra Bradley, 164 U.S. 112. 158-164. La Corte ha definido, sin excepción, el concepto de forma amplia, reflejando su política de deferencia a juicios legislativos desde hace tiempo; así como, a necesidades públicas, justificando así el uso de las expropiaciones. Berman, 348 U.S. 26: Midkiff, 467 U.S. 229: Ruckelshaus contra Monsanto Co., 467 U.S. 986. Pp. 6-13.

(b) La determinación de la ciudad sobre que el área en cuestión se encontrara suficientemente afectada para justificar un programa de rejuvenecimiento económico tiene derecho a deferencia. La ciudad había formulado cuidadosamente un plan de desarrollo que se cree proveería de apreciables beneficios a la comunidad, incluyendo, pero no limitando, nuevas plazas de trabajo e incrementando los ingresos fiscales. Así, realizando ejercicios de planificación y desarrollo urbano, la ciudad está tratando de coordinar una variedad de usos tanto comerciales, como residenciales y recreacionales para los terrenos, con la esperanza que la suma de todo sea mayor que la suma de sus partes. Para ejecutar este plan, la ciudad invocó una ley estatal que específicamente autoriza el uso del dominio eminente para promover el desarrollo económico. La postura de la Corte para resolver los retos de los propietarios individuales, no sobre bases individuales, sino más bien a la luz del plan completo, fue apropiada en este caso, como lo fuera en Berman, dado el carácter exhaustivo del plan, la completa discusión que precedió dicha postura y el ámbito limitado de revisión que tiene la Corte en tales casos.

En virtud que el plan sirve de forma incuestionable un propósito público, las expropiaciones aquí cuestionadas satisfacen la Quinta Enmienda. P. 13.

(c) La propuesta de los solicitantes para que la Corte adopte una regla nueva y clara, donde el desarrollo económico no calificara como uso público, no está sustentada por precedente o lógica alguna. Promover el desarrollo económico es una función gubernamental tradicional y generalmente aceptada hace mucho tiempo, y no existe principio de distinción alguno que lo separe de otros propósitos públicos, así lo reconoció la Corte. Ver, por ejemplo, Berman, 348 U.S., en 24. La Corte también rechazó el argumento de los solicitantes que para expropiaciones de este tipo la Corte debería requerir una “certeza razonable” que los beneficios públicos esperados se obtenidos realmente. Tal regla representaría un cambio mejorado del precedente establecido por la Corte. Por ejemplo, Midkiff, 467 U.S., en 242. Las desventajas de una forma más elevada de revisión son especialmente enunciadas en este tipo de casos, donde la correcta aplicación de un plan exhaustivo requiere que todos los derechos de las partes interesadas sean establecidos antes que la ejecución pueda comenzar. La Corte se niega a poner en duda la sabiduría en que se ha basado la Ciudad para efectuar su plan. Berman, 348 U.S., en 26. Pp. 13-20.

268 Conn. 1, 843 A. 2do 500. Afirmado.

Stevens, J., entregó la opinión de la Corte, en la cual Kennedy, Souter, Ginsburg, y Breyer, JJ., se sumaron a Kennedy, J., en la presentación de una opinión concurrente. O’Connor, J., presentó una opinión disidente, en la cual Rehnquist, C.J., y Scalia y Thomas, JJ., se sumaron. Thomas, J., presentó una opinión disidente.

SUSSETTE KELO, y otros, SOLICITANTES contra la CIUDAD DE NEW LONDON, CONNECTICUT, y otros.

Escrito de “Certiorari” a la corte suprema de Connecticut

[23 de junio de 2005]

Juez Stevens presentó la opinión de la Corte.

En 2000, la ciudad de New London aprobó un plan de desarrollo que, en palabras de la Corte Suprema de Connecticut, fue “proyectado no sólo para crear, por exceso, 1000 plazas de trabajo o para incrementar los impuestos y otro tipo de ingresos, sino también para revitalizar una ciudad afectada económicamente, incluyendo las áreas del centro y de los muelles”. 268 Conn. 1, 5, 843 A. 2d 500, 507 (2004). Para obtener los terrenos necesarios para este proyecto, el agente de desarrollo de la ciudad compró terrenos de propietarios dispuestos a vender y propuso utilizar el poder de dominio eminente para adquirir la parte restante de los terrenos de propietarios que no estaban dispuestos a vender a cambio de una compensación justa. La pregunta a realizar es si esta propuesta de la ciudad califica como de “uso público” en el sentido de la Cláusula de Expropiación contemplada en la Quinta Enmienda de la Constitución.[1]

La Ciudad de New London (en lo sucesivo la ciudad) se sitúa en la unión del río Thames y Long Island Sound, en el sureste de Connecticut. Décadas de declive económico llevaron a la agencia estatal a declarar al “municipio en dificultades” en 1990. En 1996, el Gobierno Federal cerró el Centro de Naval de Guerra Submarina, el cual estaba ubicado en el área de Fort Trumbull de la ciudad y empleaba mas de 1.500 personas. En 1998, la tasa de desempleo de la ciudad era casi el doble que la del Estado, y su población menor que 24.000 residentes, siendo la más baja desde 1920.

Estas condiciones llevaron a oficiales locales y del Estado a señalar a New London como un objetivo para la revitalización económica, en particular, el área de Fort Trumbull. Con este fin, la demandada, New London Development Corporation (NLDC), una entidad sin fines de lucro, establecida unos años antes para asistir a la ciudad en la planificación del desarrollo económico, fue reactivada. En enero de 1998, el Estado autorizó una emisión de bonos por $5.35 millones para financiar las actividades de planificación de NLDC y una emisión de bonos por $10 millones para la creación de un parque del estado en Fort Trumbull. En febrero, la compañía farmacéutica Pfizer Inc. anunció que construiría una facilidad para la investigación de $300 millones en un sitio adyacente a Fort Trumbull; los planificadores locales esperaban que Pfizer trajera un nuevo negocio al área, sirviendo como catalizador al área a rejuvenecer. Luego de recibir la aprobación inicial del Consejo de la Ciudad, la NLDC continuó sus actividades planificadoras y sostuvo una serie de reuniones con los vecinos para educarlos sobre el proceso. En Mayo, el Consejo de la Ciudad autorizó a la NLDC para presentar formalmente sus planes a relevantes agencias del Estado para su revisión.[2] En espera de la aprobación estatal, la NLDC presentó un plan integrado de desarrollo enfocado en 90 acres del área de Fort Trumbull.

El área de Fort Trumbull está situada en una península que se adentra en el río Thames. El área comprende unas 115 propiedades privadas aproximadamente, así como 32 acres del terreno ocupado anteriormente por la facilidad naval (El parque estatal de Trumbull ocupa actualmente 18 de esos 32 acres). El plan de desarrollo comprende siete parcelas. La parcela 1 está designada para un hotel de conferencia sobre muelles en el centro de una “pequeña villa urbana” que va a incluir restaurantes y tiendas. Esta parcela también tendrá marinas tanto para usos comerciales como recreacionales. Un malecón se originará aquí y a lo largo de la costa, conectando las áreas en desarrollo del muelle. La parcela 2 será destinada a la construcción de aproximadamente 80 nuevas residencias organizadas en un vecindario urbano y conectadas al resto del desarrollo por aceras, incluyendo conexión al parque del estatal. Esta parcela también incluye un espacio reservado para el Museo de Guarda Costas de Estados Unidos. La parcela 3, que se encuentra ubicada al norte de la facilidad de Pfizer, va a contemplar al menos 90.000 pies cuadrados de oficinas para la investigación y el desarrollo. La parcela 4A es un sitio de 2.4 acres que será usado ya sea para sostener el parque estatal adyacente, ya sea por servicios de estacionamiento o servicios al detal para visitantes, o para sostener la marina cercana. La parcela 4B incluirá una marina renovada, así como la parte final del malecón. Las parcelas 5, 6 y 7 proveerán tierras para una oficina o espacio al por menor, estacionamiento, y agua independiente para usos comerciales. 1 App. 109-113.

La intención del plan de desarrollo de NLDC era aprovechar la llegada de la facilidad de Pfizer y del nuevo comercio que esto atraería. Además de crear plazas de trabajo, incrementar los ingresos fiscales, y ayudar a “construir el momentum para el rejuvenecimiento del centro de New London”, id., en 92, el plan también estaba diseñado para hacer a la ciudad más atractiva y para crear oportunidades recreacionales y de ocio tanto en el muelle como en el parque.

El Consejo de la Ciudad aprobó el plan en enero de 2000, y puso a cargo de la NLDC y de su agente de desarrollo la implementación. Ver Conn. Gen. Stat. § 8-188 (2005). El Consejo de la Ciudad también autorizó a la NLDC para comprar terrenos o adquirir dichas propiedades en ejecución del dominio eminente en nombre de la ciudad. § 8-193. La NLDC negoció exitosamente la compra de casi todos los inmuebles en un área de 90 acres, pero sus negociaciones con los solicitantes fracasaron. En consecuencia, en noviembre de 2000, la NLDC inició los procesos expropiatorios que dieron origen al presente caso. [3]

La solicitante Susette Kelo ha vivido en el área de Fort Trumbull desde 1997. Ella ha realizado extensas mejoras a su casa, la cual valora por su vista acuática. La solicitante Wilhelmina Dery nació en su casa de Fort Trumbull en 1918 y ha vivido ahí su vida entera. Su esposo Charles (también un solicitante) ha vivido en la casa desde que se casaron hace más de 60 años. En total, los nueve solicitantes son dueños de 15 propiedades en Fort Trumbull – 4 en la parcela 3 del plan de desarrollo y 11 en la parcela 4A. Diez de las parcelas se encuentran ocupadas por los propietarios o un miembro de la familia; las otras cinco son propiedades de inversión. No existe alegato que alguna de estas propiedades esta en ruinas o en condición de pobreza; más bien, están siendo expropiadas por la única razón que se encuentran ubicadas en el área de desarrollo.

En diciembre de 2000, los solicitantes presentaron esta acción ante la Corte Superior de New London. Ellos reclaman, entre otras cosas, que la expropiación de sus terrenos viola la restricción de “uso público” establecida en la Quinta Enmienda. Luego de 7 días de juicio, la Corte Superior acordó una restricción permanente prohibiendo la expropiación de los terrenos ubicados en la parcela 4A (apoyo al parque o la marina). Sin embargo, denegó a los solicitantes la liberación de las propiedades ubicadas en la parcela 3 (espacio de oficina). 2 App. A Pet. Para Cert. 343-350.[4]

Luego de la decisión de la Corte Superior, ambas partes apelaron ante la Corte Suprema de Connecticut. Esta Corte sostuvo, con algunas disidencias, que las expropiaciones por parte de la ciudad eran válidas. Comenzó con apoyar la postura de la corte de primera instancia en la cual estableció que las expropiaciones estaban autorizadas por el capítulo 132, la ley estatal de desarrollo municipal. Ver Conn. Gen. Stat. § 8-186 et seq. (2005). Esta ley establece una determinación legislativa que la expropiación de tierras, aún tierras desarrolladas, como parte de un proyecto de desarrollo económico es un “uso público” en “interés público”. 268 Conn., en 18-28, 843 A. 2d, en 515-521. Luego, basada en casos como Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S. 229 (1984), y Berman contra Parker, 3448 U.S. 26 (1954), la Corte sostuvo que tal desarrollo económico califica como un uso público válido tanto bajo la constitución federal como la estatal. 268 Conn., en 40, 843 A. 2d, en 527.

Finalmente, acogiéndose a los precedentes, la corte se pronunció, primero, sobre si las expropiaciones de las propiedades en particular eran “razonablemente necesarias” para el lograr el uso público que quería la ciudad, id., en 82, 843 A. 2d, en 552-553, y segundo, si las expropiaciones eran “necesidades razonablemente previsibles”, id., en 93, 843 A. 2d, en 558-559. La corte confirmó los hallazgos fácticos encontrados por la corte que llevaba el juicio en la parcela 3, pero reversó la posición de la misma en lo que respecta a la parcela 4A, dándole la razón a la ciudad en cuanto a que el uso de dicho terreno se encontraba suficientemente definido y se le había dado una “atención razonable” durante el proceso de planificación. Id., en 120-121, 843 A. 2d, en 574.

Los tres jueces disidentes habrían impuesto un estándar “mayor” de revisión judicial para expropiaciones justificadas con desarrollos económicos. Aunque estuvieron de acuerdo con que el plan tenía como objetivo servir para un uso público válido, ellos consideraron todas las expropiaciones inconstitucionales en razón que la ciudad fracasó en presentar “evidencia clara y convincente” que los beneficios económicos del plan serán de hecho obtenidos. Id., en 144, 146, 843 A. 2d, en 587, 588 (Zarella, J., acompañado por Sullivan, C.J., y Katz, J., concurriendo en parte y disintiendo en otras).

Nosotros concedemos “certiorari” para la determinación de si la decisión de la ciudad de expropiar con el propósito de desarrollo económico satisface el “uso público de la Quinta Enmienda. 542 U.S. ____ (2004).

III

Dos propuestas opuestas son perfectamente claras. Por una parte, ha sido siempre aceptado, que la soberanía no puede tomar la propiedad de A con el único propósito de transferir dicha propiedad a B como particular privado, aun cuan A sea recompensada. Por otra parte, es igualmente claro que un Estado podrá transferir la propiedad privada de una parte a otra si la finalidad de la expropiación es el uso público; la expropiación de un terreno para un ferrocarril con derechos de transporte común es un ejemplo familiar. Ninguna de estas propuestas, sin embargo, determinan la disposición en este caso.

En la primera propuesta, la ciudad no sería perdonada por expropiar las tierras de los solicitantes con el propósito de conferir un beneficio privado a un particular privado determinado. Ver Midkiff, 467 U.S., en 245 (“una expropiación privada no habría soportado el escrutinio del requisito de uso público; habría sido un propósito ilegítimo del gobierno y por lo tanto sería nulo”); Missouri Pacific R. Co contra Nebraska, 164 U.S. 403 (1896). [5] Tampoco habría podido la ciudad permitirse expropiar bajo el mero pretexto de un propósito público, cuando su propósito real es otorgar un beneficio privado. Las expropiaciones anteriores a las nuestras, sin embargo, fueron ejecutadas de conformidad con un plan de desarrollo “cuidadosamente considerado”. 268 Conn., en 54, 843 A. 2d, en 536. El juez de primera instancia y todos los miembros de la Corte Suprema de Connecticut están de acuerdo con que no había evidencia de un propósito ilegítimo en el presente caso.[6] - Por lo tanto, como sucedió en el caso de la ley impugnada en Midkiff, 467 U.S., en 245, el plan de desarrollo de la ciudad no fue adoptado para “beneficiar una clase en particular de individuos identificables”.

Por otra parte, este no es un caso en el cual la ciudad está planeando abrir los terrenos expropiados –por lo menos no en su totalidad- para el uso general. Ni tampoco pretende que los arrendatarios privados de los terrenos operen como empresas de transporte público, haciendo que sus servicios estén disponibles a todos los interesados. Sin embargo, a pesar que la proyección de uso sería suficiente para satisfacer el requisito de uso público, esta “Corte hace tiempo ha rechazado cualquier requisito literal que condene a la propiedad para el uso del público en general”. Id., en 244. En realidad, mientras varias cortes estatales a mediados del siglo 19 adoptaron la frase “uso para el público” como la definición apropiada de uso público, ese estrecho punto de vista ha sido insostenible en el tiempo. No sólo porque el examen para determinar el “uso para el público” era difícil de administrar (por ejemplo, que proporción de la necesidad del público tendría acceso a la propiedad? A que precio?) [7], sino que probo ser impractico dadas las diversas y cambiantes que pueden ser las necesidades de la sociedad [8]. En consecuencia, cuando esta Corte comenzó a aplicar la Quinta Enmienda a los Estados a finales del Siglo 19, abarcó la interpretación más amplia y natural del uso público como “propósito público”. Ver, por ejemplo Fallbrook Irrigation Dist. Contra Bradley, 164 U.S. 112, 158-164 (1896). Así, en una caso defendiendo el uso de una línea de cesta aérea para el transporte de mineral por parte de una compañía minera sobre una propiedad que no poseía, la opinión del juez Holmes para la Corte subrayó “como inadecuado el uso del público general como test universal”. Strickley contra Highland Boy Gold Mining Co., 200 U.S. 527, 531 (1906) [9]. Nosotros desde entonces hemos rechazado repetidamente y de forma consistente el test más estrecho [10].

El asunto en el presente caso se torna sobre la pregunta si el plan de desarrollo de la ciudad sirve al “propósito público”. Sin excepción, nuestros casos han definido ese concepto de forma amplia, reflejando nuestra extensa política de deferencia a los juicios legislativos en este campo.

En Berman contra Parker, 348 U.S. 26 (1954), esta Corte sostuvo un plan de reconstrucción para una zona en ruinas de Washington, D.C., en la cual la mayoría de las viviendas del área, destinadas para 5000 habitantes, estaban más allá de cualquier reparación. En el plan, el área sería expropiada y parte de ella sería utilizada para la construcción de calles, escuelas, y otras facilidades públicas. El restante del terreno sería alquilado o vendido a particulares privados para el propósito de la reconstrucción, incluyendo la construcción de viviendas de bajo costo.

El propietario de una tienda por departamentos ubicada en el área objetó la expropiación, señalando que su tienda por si sola no se encontraba en ruinas y argumentó que la creación de “una comunidad mejor balanceada y atractiva” no era en sí un uso público válido. Id., en 31. Escribiendo para una Corte unánime, el juez Douglas se negó a evaluar este reclamo de forma aislada, difiriendo en cambio al juicio legislativo y de la agencia, que el área “debe ser planificada como un todo” para que el plan sea exitoso. Id., en 34. La Corte explicó que “los programas de reconstrucción comunitaria no están obligados por la Constitución a estar planificados por partes, lote por lote, edificio por edificio”. Id., en 35. El uso público en el que se basó la expropiación fue afirmado de forma inequívoca.

“No nos sentamos para determinar si un proyecto habitacional en particular es o no deseable. El concepto del bienestar público es amplio e inclusivo... Los valores que representan son espirituales así como físicos, estéticos así como monetarios. Es parte del poder legislativo determinar que la comunidad debe ser hermosa así como sana, espaciosa así como limpia, bien balanceada así como cuidadosamente patrullada. En el presente caso, el Congreso y sus agencias autorizadas han llegado a conclusiones que han tomado en cuenta una amplia variedad de valores. Los cuales no nos corresponde re-evaluar. Si aquellos que gobiernan el Distrito de Columbia deciden que la capital de nación debe ser hermosa así como sanitaria, no hay nada en la Quinta Enmienda que pueda evitarlo”. Id., en 33.

En Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S. 229 (1984), la Corte consideró una ley de Hawaii mediante la cual se permitía quitar el titulo de dominio a los arrendadores y transferirlo a los arrendatarios (solo por compensación) en aras de reducir la concentración de terratenientes. Nosotros de forma unánime sostenemos la ley y rechazamos el punto de vista del Noveno Circuito el cual fue “un intento evidente por parte del Estado de Hawaii, la de expropiar la propiedad de A y transferirla a B para su uso y beneficio privado”. Id., en 235 (marcas de acotaciones internas omitidas). Reafirmando el enfoque de deferencia a los juicios legislativos en este campo, concluimos el propósito del Estado de eliminar “los demonios sociales y económicos del oligopolio sobre la tierra” califica como de uso publico válido. 467 U.S., en 241-242. Nuestra opinión también rechaza la controversia sobre el mero hecho que el Estado transfirió inmediatamente las propiedades a individuos privados, disminuyendo de alguna forma el carácter público de la expropiación”. “Es solo el propósito de la expropiación, y no su mecánica” lo que importa al momento de determinar el uso público. Id., en 244.

En el mismo tiempo decidimos otro caso de uso público que se desenvolvió en un contexto puramente económico. En Ruckerlshaus contra Monsanto, Co., 467 U.S. 986 (1984), la Corte lidió con disposiciones de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas en las cuales la Agencia de Protección Ambiental pudo considerar los datos (incluyendo secretos comerciales) presentados por un solicitante anterior para evaluar una solicitud posterior, en tanto el segundo solicitante pagara una compensación justa por los datos suministrados. Nosotros reconocemos que los “beneficiarios más directos” de tales disposiciones fueron los solicitantes posteriores, id., en 1014, pero nosotros sin embargo sostuvimos la ley contenida en Berman y Midkiff. Hemos encontrado suficiente creencia del Congreso que solicitantes ahorrando el tiempo que consume una investigación elimina una barrera significante para entrar el mercado del pesticida y por lo tanto mejora la competencia. 467 U.S., at 1015.

Visto como un todo, nuestra jurisprudencia ha reconocido que las necesidades de la sociedad han variado en distintas partes de la Nación, así como han evolucionado en el tiempo en respuesta al cambio de circunstancias. Nuestros primeros casos incorporan en particular un fuerte tema de federalismo, enfatizando el “gran respeto” que le debemos a las legislaturas y cortes de los estados en el discernimiento de las necesidades locales. Ver Hairston contra Danville & Western R. Co., 208 U.S. 598, 606-607 (1908) (señalando que esas necesidades variaran dependiendo de los “recursos del Estado, la capacidad del suelo, la importancia relativa de las industrias en el bienestar publico general, y los métodos utilizados por mucho tiempo y los hábitos de las personas”) [11]. Por más de un siglo, nuestra jurisprudencia de uso público ha evitado sabiamente fórmulas rígidas y escrutinios invasivos a favor de legislaturas que ofrezcan amplia libertad para determinar que necesidades públicas justifican el uso de las expropiaciones.

Aquellos que gobiernan la ciudad no fueron confrontados con la necesidad de remover la plaga en el área de Fort Trumbull, pero su determinación que el área estaba suficientemente afectada para justificar un programa de rejuvenecimiento económico da derecho a nuestra deferencia. La ciudad ha formulado cuidadosamente un plan de desarrollo económico que se cree proveerá de beneficios a la comunidad, incluyendo – pero no limitando – nuevas plazas de trabajo e incrementando el ingreso fiscal. Así como con otros ejercicios de planificación y desarrollo urbano [12], la Ciudad esta procurando coordinar una variedad comercial, residencial y recreacional de usos de los terrenos con la esperanza de formar un todo mayor que la suma de sus partes. Para efectuar este plan, la Ciudad ha invocado una ley estatal que específicamente autoriza el uso del dominio eminente para promover el desarrollo económico. Dado el carácter exhaustivo del plan, las discusiones que precedieron esta postura, y el limitado ámbito de nuestra revisión, resulta apropiado para nosotros, así como lo fue en Berman, resolver los retos de los propietarios individuales, no como una parte separada sino a la luz del plan entero. Como el plan sirve a un propósito público de forma incuestionable, las expropiaciones en cuestión satisfacen el requisito de uso público establecido en la Quinta Enmienda.

Para evadir este resultado, los solicitantes nos urgen a adoptar una nueva regla donde el desarrollo económico no califique como uso público. Poniendo a un lado la sugerencia poco persuasiva que el plan de la Ciudad solo va a proveer beneficios económicos, ningún precedente o lógica sustenta la propuesta de los solicitantes. Promover el desarrollo económico es una función del gobierno tradicional y generalmente aceptada durante el transcurrir del tiempo. De hecho no existe principio alguno para distinguir el desarrollo económico de otros propósitos públicos que hemos reconocido. Por ejemplo, en casos de expropiaciones con el fin de facilitar la agricultura y la minería, hemos enfatizado la importancia de dichas industrias en el bienestar de los Estados en cuestión, ver, por ejemplo, Strickley, 200 U.S. 527; en Berman, aprobamos el propósito de transformar un área en ruinas en una comunidad bien balanceada a través de la reconstrucción, 348 U.S., en 33 [13]; en Midkiff, sostuvimos el interés en terminar con un oligopolio de tierras que “crearon elementos disuasivos y artificiales al normal funcionamiento del mercado sobre los terrenos residenciales del Estado”, 467 U.S., en 242; y en Monsanto, aceptamos el propósito del Congreso de “eliminar barreras insignificantes para entrar al mercado de pesticidas”, 467 U.S., en 1014-1015. Sería incongruente sostener que el interés de la Ciudad en los beneficios económicos que se derivarían del desarrollo del área de Fort Trumbull tiene menos peso que cualquiera de esos otros intereses. Claramente, no existen bases para eximir al desarrollo económico de nuestro tradicionalmente amplio entendimiento de propósito público.

Los solicitantes alegan que usar el dominio eminente para el desarrollo económico difumina inadmisiblemente la frontera entre expropiaciones públicas y privadas. De nuevo, nuestros casos descartan esta objeción. Es muy simple, la búsqueda del gobierno de un propósito público frecuentemente va a beneficiar a particulares privados. Por ejemplo, en Midkiff, la transferencia forzada de la propiedad concede un beneficio directo y significativo a aquellos arrendatarios que no pudieron comprar sus casas. En Monsanto, reconocimos que “los beneficiarios más directos” de la disposición de compartir los datos fueron los solicitantes de pesticidas posteriores, pero beneficiarlos a ellos de esta manera fue necesario para promover la competencia en el mercado de pesticidas. 467 U.S., en 1014 [14]; El dueño de la tienda por departamentos en Berman objetó el “quitarle algo a un hombre de negocios para el beneficio de otro hombre de negocios”, 348 U.S., en 33, refiriéndose al hecho que bajo el plan de reconstrucción los terrenos sería rentados o vendidos a desarrollos privados para la reconstrucción [15]. Nuestro rechazo a ese punto de vista tiene una relevancia especial en el presente caso: “El fin público puede ser logrado tanto a través de una agencia de una empresa privada como a través de un departamento de gobierno - o por lo que el Congreso podría concluir. No podemos decir que la propiedad pública es el único método de promover los proyectos de reconstrucción para propósitos públicos de una comunidad”. Id., en 34 [16].

Además se afirma que sin una regla clara nada detendría a una ciudad de transferir la propiedad de un ciudadano A a un ciudadano B por la única razón que el ciudadano B pondría a la propiedad a tener un uso más productivo y así pagar más impuestos. Tal transferencia de propiedad uno-a-uno, ejecutado fuera de los confines de un plan de desarrollo integrado, no es lo que se presenta en este caso. Tal ejercicio inusual del poder del gobierno traería suspicacias de que existe un interés privado de trasfondo [17], los casos hipotéticos presentados por los solicitantes sólo pueden confrontarse si sucedieran [18]. No se justifica la elaboración de una restricción artificial en el concepto de uso público [19].

Alternativamente, los solicitantes mantienen que por expropiaciones de este tipo se debería requerir una “certeza razonable” de que los beneficios públicos se van a obtener realmente. Tal regla, sin embargo, representaría una salida aún mayor de nuestro precedente. “Cuando el propósito legislativo es legitimo y no es irracional, nuestros casos aclaran que los debates empíricos sobre la sabiduría de las expropiaciones – no menos que los debates sobre la sabiduría detrás otros tipos de legislaciones económicas – no deben ser llevados ante las cortes federales”. Midkiff, 467 U.S., en 242 [20]. De hecho, en párrafos anteriores explicamos por qué prácticas similares socavan (entre otros) el uso de la fórmula de “avances sustanciales” en nuestra doctrina sobre expropiaciones. Ver Lingle contra Chevron U.S.A Inc., 544 U.S.___, ___ (2005) (opinión judicial, en 14-15) (señalando que esta fórmula “facultaría –y frecuentemente requeriría- a las cortes a sustituir sus juicios predecibles por aquellos formulados por las legislaturas electas y agencias expertas”). Las desventajas de una forma más exhaustiva de revisión son especialmente pronunciadas en este tipo de caso. En orden de implementar un plan detallado de reconstrucción requiere obviamente que los derechos de todas las partes interesadas sean establecidos antes de que la nueva construcción comience. Una norma constitucional que requiera posponer la aprobación judicial de cada expropiación hasta tanto se asegure el éxito del plan impondría un impedimento significativo a la consumación exitosa de muchos planes.

Así como negamos dudar de los juicios considerados por la ciudad sobre la eficacia de su plan de desarrollo, también negamos dudar de las determinaciones de la ciudad sobre cuales terrenos necesitan adquirir en orden de realizar el proyecto. No es competencia de las Cortes supervisar las elecciones de las líneas fronterizas ni de revisar el tamaño de una área en particular del proyecto. Una vez que la pregunta del propósito público ha sido decidida, el tamaño y carácter del terreno a expropiar para el proyecto y la necesidad de un tracto en particular para completar el plan integrado reposa en la discreción de la rama legislativa”. Berman, 348 U.S., en 35-36.

Afirmar la autoridad de la ciudad para expropiar las propiedades de los solicitantes, no minimiza las dificultades que presentan tales condenas, a pesar que el pago sea una justa compensación [21]. Enfatizamos que nada en nuestra opinión impide a cualquier Estado imponer restricciones a las expropiaciones. De hecho, varios Estados ya imponen requisitos de “uso público” que son más estrictos que su base federal. Algunos de estos requisitos han sido establecidos en razón de una ley constitucional estatal [22], mientras que otros han expresado en sus leyes que el dominio eminente del estado limita las bases sobre las cuales las expropiaciones deben ser ejercitadas [23]. Como las comunicaciones de las partes y sus Amici dejan en claro, la necesidad y sabiduría de utilizar el dominio eminente para promover el desarrollo económico son asuntos ciertos en el debate público legitimo [24]. Esta autoridad de la corte, sin embargo, se extiende únicamente para determinar si las condenas propuestas por la ciudad son para el “uso público” de conformidad con la Quinta Enmienda de la Constitución Federal. En razón de la interpretación de tal provisión en nuestra jurisprudencia por más de un siglo, la respuesta a la mencionada pregunta es afirmativa, por lo que no podemos conceder a los solicitantes la liberación que buscan.

La sentencia de la Corte Suprema de Connecticut se confirma.

Así se establece.

SUSSETTE KELO, y otros, SOLICITANTES contra la CIUDAD DE NEW LONDON, CONNECTICUT, y otros.

Escrito de “Certiorari” a la corte suprema de Connecticut

[23 de junio de 2005]

Juez Kennedy, opinión concurrente.

Me adhiero a la opinión de la corte y agrego las siguientes observaciones.

La Corte ha declarado que las expropiaciones deben ser consistentes con la Cláusula de Uso Público, Enmienda 5, Constitución de los Estados Unidos, siempre y cuando se encuentren “relacionadas de forma racional a un propósito público concebible”. Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S. 229, 241 (1984); ver también Berman contra Parker, 348 U.S.26 (1954). Este estándar de revisión de deferencia se hace eco del test sobre bases racionales usadas para revisar las regulaciones económicas bajo las cláusulas de Debido Proceso e Igual Protección, ver, por ej., FCC contra Beach Communications, Inc., 508 U.S. 307, 313-314 (1993); Williamson contra Lee Optical of Okla, Inc., 348 U.S. 483 (1955). La postura que un estándar de revisión sobre bases racionales es apropiado, no altera sin embargo el hecho que las transferencias pretenden conferir beneficios en particular a entidades privadas privilegiadas, donde los beneficios públicos incidentales o como pretextos, están prohibidos por la Cláusula de Uso Público.

Una Corte aplicando una revisión sobre bases racionales bajo la Cláusula de Uso Público debe anular una expropiación que, a primera vista, intenta favorecer una particular privado, sólo con beneficios públicos incidentales o como pretexto, así como una corte aplicando un revisión de bases racionales bajo la Cláusula de Protección Igualitaria debe anular una clasificación gubernamental que claramente tiene como objeto perjudicar a una clase particular de particulares privados, sólo con justificaciones públicas incidentales o como pretexto. Ver Cleburne contra Cleburne Living Center, Inc., 473 U.S. 432, 446-447, 450 (1985); Department of Agriculture contra Moreno, 413 U.S. 528, 533-536 (1973). La Corte de primera instancia en el presente caso observó correctamente, “Aunque el propósito de la expropiación es el desarrollo económico y la ejecución la realizará un particular o particulares, los cuales van a beneficiarse, la corte debe decidir si el alegado propósito público – ventajas económicas a una ciudad muy necesitada de ellas – es incidental a los beneficios que serán confinados a los particulares de un plan de desarrollo”. 2 Apéndice de la solicitud de un escrito de certiorari. 263. Ver también ante, en 7.

Una corte que confronte una acusación plausible de favoritismo no permitido a particulares privados debe tratar la objeción de forma seria y revisar los archivos para verificar si tiene merito, a pesar de la presunción que las acciones del gobierno son razonables y tienen la intención de servir a un propósito público. Aquí, el tribunal de primera instancia condujo una investigación cuidadosa y extensa en “si, de hecho, el plan de desarrollo contemplaba beneficios directos para... el promotor (por ej., Corcoran Jennison), y para negocios privados que eventualmente se ubicarían en el área a desarrollar (por ej. Pfizer), y en ese sentido, sólo beneficios incidentales a la ciudad”. 2 Apéndice de la solicitud de un escrito de certiorari. 261. El tribunal de primera instancia tomó en cuenta el testimonio de los oficiales del gobierno y de oficiales corporativos; id., en 266-271; la evidencia documental de las comunicaciones entre esas partes, ibid.; el conocimiento de los demandados de la depresión en que se encontraba New London y la evidencia corroborando la validez de esta preocupación, id., en 272-273, 278-279; el compromiso sustancial de los fondos públicos por parte del Estado al desarrollo del proyecto anteriores a que se conocieran los beneficiarios; id., en 278; la evidencia que los demandados revisaron una variedad de planes de desarrollo y escogieron un promotor privado de un grupo de solicitantes en vez de escoger un cesionario en particular de antemano, id. en 273, 278; y el hecho que los otros beneficiarios privados del proyecto son indeterminados en razón que el espacio propuesto para construir no ha sido rentado, id., en 278.

El tribunal de primera instancia concluyó, basándose en estos hallazgos, que beneficiar a Pfizer no era “la motivación primaria o efecto del plan de desarrollo”; en cambio, “la motivación principal de los demandados era aprovechar la presencia de Pfizer”. Id., en 276. De igual forma, el tribunal de primera instancia concluyó que “no había nada en los archivos que indicara que... los demandados estuvieran motivados por un deseo de ayudar a (otras) entidades privadas particulares”. Id., en 278. Ver también ante, en 7-8. Incluso los jueces disidentes en la Corte Suprema de Connecticut estuvieron de acuerdo que la intención del plan de desarrollo de los demandados era revitalizar la economía local, y no servir los intereses de Pfizer, Corcoran Jennison, o de cualquier otro ente privado. 268 Conn. 1, 159, 843 A. 2d 500, 595 (2004) (Zarella, J., concurre en parte y disiente en parte). Este caso, entonces, sobrevive la revisión significativa sobre bases racionales que en mi opinión se requiere por la Cláusula de Uso Público.

Los solicitantes y sus amici argumentaron que cualquier expropiación justificada por la promoción del desarrollo económico debe ser tratada por las cortes per se como inválida, o por lo menos, presuntamente inválida. Los solicitantes exageraron la necesidad de tal regla, sin embargo, asumieron de forma incorrecta que la revisión bajo Berman y Midkiff no impone límites judiciales significativos en el poder del gobierno para condenar cualquier propiedad que le guste. Una regla amplia per se o una presunción fuerte de invalidez, además, habría prohibido a un gran número de expropiaciones gubernamentales que tienen propósito y efectos esperados de obtener beneficios sustanciales al público a largo plazo no transgrede la Cláusula de Uso Público.

Mi acuerdo con la Corte sobre que la presunción de invalidez no se encuentra garantizada por expropiaciones para el desarrollo económico en general, o las expropiaciones privadas cuestionadas en el presente caso, no acaban con la posibilidad que un estándar de revisión más restrictivo que el anunciado en Berman y Midkiff podría ser apropiado para una categoría más estrecha de expropiaciones. Podrían existir transferencia de propiedad en las cuales el riesgo de favoritismo no permitido no detectable de particulares privados es tan agudo que una presunción de invalidez (refutable o no) es garantizada por la Cláusula de Uso Público. Cf. Eastern Enterprises contra Apfel, 524 U.S. 498. 549-550 (1998) (Kennedy, J., concuerda con el fallo aunque disiente en parte) (un alto escrutinio por legislación retroactiva bajo la Cláusula del Debido Proceso). Este nivel demandante de escrutinio, sin embargo, no resulta simple ya que el propósito de las expropiaciones es el desarrollo económico.

Esta no es la ocasión para conjeturas sobre cuales casos pueden justificar un estándar más exigente, pero es apropiado para subrayar aspectos del presente caso que me convencen que el contexto de un plan de desarrollo exhaustivo se justifica para resolver una amplia depresión de la ciudad, y los beneficios del proyecto económico no pueden ser categorizados como de minimus. La identidad de la mayoría de los beneficiarios privados era desconocida al momento en que la ciudad formuló sus planes. La ciudad cumplió con elaborados requerimientos procedimentales que facilitan la revisión de los archivos y evidencia los propósitos de la ciudad. Recapitulando, aunque puedan existir categorías de casos en los cuales las transferencias son tan suspicaces, o el procedimiento empleado es propenso al abuso, o los beneficios esperados son tan triviales o inverosímiles, que las cortes deben presumir un propósito privado no permitido, no obstante ninguna de dichas circunstancias se encuentra presente en este caso.

***

Por las razones antes expuestas, me adhiero a la opinión de la Corte.

SUSSETTE KELO, y otros, SOLICITANTES contra la CIUDAD DE NEW LONDON, CONNECTICUT, y otros.

Escrito de “Certiorari” a la corte suprema de Connecticut

[23 de junio de 2005]

Juez O’Connor, con quien el Jefe de los Jueces, el juez Scalia, y el juez Thomas conjuntamente, disienten.

Hace más de dos siglos, justo después que se ratificara la Carta de Derechos, el Juez Chase escribió:

“Un acto de la legislatura (razón por la cual no puedo llamarlo una ley) contrario a los grandes principios primarios del pacto social, no puede considerarse un ejercicio correcto de una autoridad legislativa... varios ejemplos serán suficientes para explicar lo que quiero decir... Una ley que toma la propiedad de A y se la da a B es contraria a toda razón y justicia, para las personas que confían en la Legislatura con tales poderes; y, por lo tanto, no pueden luego alegar que lo hicieron”. Calder contra Bull, 3 Dall. 386, 388 (1798) (énfasis borrado).

Hoy la Corte abandona esta limitación sostenida por largo tiempo sobre el poder del gobierno. Bajo la bandera del desarrollo económico, toda la propiedad privada es vulnerable de ser tomada y transferida a otro propietario privado, siempre y cuando sea actualizado en el proceso – por ej., dado a un propietario que va a utilizarla en una forma que la legislatura considera más benéfica para el público-. La Corte considera que los beneficios públicos incidentales resultantes del subsecuente y ordinario uso de la propiedad privada objeto de expropiaciones de desarrollo económico “para uso público” es la de difuminar cualquier distinción entre uso privado y público de la propiedad – en consecuencia eliminar la frase de “uso público” de la Cláusula de Expropiaciones de la Quinta Enmienda. En consecuencia, yo respetuosamente disiento.

Los solicitantes son nueve residentes o propietarios inversionistas de 15 casas en un vecindario de Fort Trumbull en New London, Connecticut. La solicitante Wilhelmina Dery, por ejemplo, vive en una casa en la calle Walbach que ha estado en su familia por más de 100 años. Ella nació en esa casa en 1918; su esposo, el solicitante Charles Dery, se mudo a la casa cuando se casaron en 1946. Su hijo vive con su familia en la casa de al lado que recibió como regalo de bodas, y acompaña a sus padres en la demanda. Dos solicitantes tienen propiedades para alquilar en el vecindario.

En febrero de 1998, Pfizer Inc., el fabricante farmacéutico, anunció que construiría un edificio para investigaciones cerca del vecindario de Fort Trumbull. Dos meses después, el Consejo de la ciudad de New London dio una aprobación inicial a la New London Development Corporation (NLDC) para preparar el plan de desarrollo cuestionado aquí. NLDC es una empresa privada sin fines de lucro cuya misión es asistir al consejo de la ciudad en la planificación de desarrollo económico. No es elegida por voto popular, y sus directores y empleados son escogidos de forma privada. Consistente con este mandato, la NLDC generó un plan ambicioso para la reconstrucción 90 acres de Fort Trumbull en aras de “complementar la facilidad que Pfizer estaba planeando construir, crear plazas de trabajo, incrementar los impuestos y otros ingresos, alentando el acceso público y el uso del muelle de la ciudad, y eventualmente “generar impulsos para la revitalización del resto de la ciudad”. Apéndice de la solicitud de un escrito de certiorari. 5.

Los solicitantes son propietarios de terrenos ubicados en 2 de las 7 parcelas del plan –parcela 3 y 4A. De acuerdo al plan, la parcela 3 está destinada a la construcción de espacios de investigación y oficinas así como desarrollos de mercados para tales espacios. También conservará el existente Club Dramático Italiano (una organización privada de cultura) aun cuando las propiedades de 3 de los solicitantes van a ser demolidas. La parcela 4A esta destinada, misteriosamente, como “apoyo al parque”. Id., en 345-346. En argumento verbal, el abogado de los demandados fue vago al explicar el uso propuesto para esta parcela, y ofreció que la parcela podría eventualmente convertirse en un estacionamiento. Transc. del Arg, verbal 36.

Para salvar sus casas, los solicitantes demandaron a New London y a la NLDC, en quien New London había delegado el poder de dominio eminente. Los solicitantes mantienen que la Quinta Enmienda prohíbe que la NLDC expropie sus propiedades en aras de un plan de desarrollo económico. Los solicitantes no buscan aumentar su compensación, y ninguno se opone al nuevo desarrollo en el área. Su objeción es una principalmente: Ellos reclaman que el uso propuesto por la NLDC de las propiedades confiscadas no es “público” de conformidad con la Quinta Enmienda. Mientras que el gobierno puede tomar sus casas para construir un camino o un ferrocarril o eliminar una propiedad que dañe lo público, no pueden tomar su propiedad para el uso privado de otros propietarios simplemente porque los nuevos propietarios harían un mejor uso de la propiedad.

La Quinta Enmienda de la Constitución, hace aplicable a los Estados la Décima Cuarta Enmienda, establece que “la propiedad privada (no debe) ser tomada para el uso público sin justa compensación”. Cuando interpretamos la Constitución, comenzamos con la simple presunción que cada palabra en el documento tiene un significado independiente, “ninguna palabra fue usada o agregada innecesariamente”. Wright contra United States, 302 U.S. 583, 588 (1938). Manteniendo esa presunción, hemos leído el lenguaje de la Quinta Enmienda para imponer dos condiciones distintas en el ejercicio del dominio eminente: “la expropiación debe ser para un ‘uso público” y una ‘justa compensación’ debe ser pagada al propietario”. Brown contra Legal Foundation of Wash. 538 U.S. 216, 231-232 (2003).

Estas dos limitaciones sirven para proteger “la seguridad de la propiedad”, la cual Alexander Hamilton describió en la Convención de Filadelfia como uno de los “grandes objetivos del Gobierno”. 1 Archivos de la Convención Federal de 1787, p. 302 (M. Farrand ed. 1934). Juntos, se aseguraron la estabilidad en la propiedad procurando salvaguardas contra el uso excesivo, impredecible o injusto del poder del dominio eminente por parte del gobierno, especialmente para aquellos propietarios que por cualquier razón se vean impedidos de protegerse ellos mismos en el proceso político en contra de la voluntad de la mayoría.

Mientras que los propósitos de Cláusula de Expropiación, que el gobierno puede tomar propiedad privada sin el consentimiento del propietario, la justa compensación se extiende a los costos de las condenas y así “evitar asignar a un individuo más de la carga justa que le corresponde soportar del gobierno”. Monongahela Nav. Co. Contra United States, 148 U.S. 312, 325 (1893); ver también Armstrong contra United States, 364 U.S. 40, 49 (1960). El requerimiento de uso público, a su vez, impone una limitación mucho más básica circunscribiendo el ámbito de aplicación del poder de dominio eminente: El Gobierno puede obligar a un individuo a renunciar su propiedad en aras del uso público, pero no para el beneficio de otro particular, este requisito promueve justicia así como seguridad. Cf. Tahoe-Sierra Preservation Council, Inc. contra Tahoe Regional Planning Agency, 535 U.S. 302, 336 (2002) (“los conceptos de ‘justicia y equidad’ ... son la base de la Cláusula de Expropiaciones”.)

¿Dónde está la línea entre el uso “público” y “privado” de una propiedad? Damos una deferencia considerable a las determinaciones legislativas sobre cuáles actividades gubernamentales darán ventajas al público. Pero fueron los poderes políticos los únicos árbitros para la distinción público-privado, donde la Cláusula de Uso Público equivaldría a un poco más que una pequeña exhortación. Un control judicial externo de cómo el requisito de uso público se interpreta, aunque limitado, es necesario si esta restricción del poder del gobierno es para retener cualquier significado. Ver Cincinnati contra Vester, 281 U.S. 439, 446 (1930) ("Es bien sabido que... la pregunta [de] lo que es un uso público es una pregunta judicial").

Nuestros casos generalmente han identificado tres categorías de expropiaciones que cumplen con el requisito de uso público, aunque por naturaleza de las cosas, los límites entre estas categorías no son siempre firmes. Dos son relativamente sencillos y no controversiales. En primer lugar, el soberano puede transferir la propiedad privada a la propiedad pública – para construir una carretera, un hospital o en una base militar. Ver, por ejemplo, Old Dominio Land Co. contra United States, 269 U.S. 55 (1925); Rindge Co. contra County of Los Angeles, 262 EE.UU. 700 (1923). En segundo lugar, el soberano puede transferir la propiedad privada a otros particulares, frecuentemente compañías comunes, que pueden destinar la propiedad para uso público, tales como un ferrocarril, un servicio público, o un estadio. Ver, por ejemplo, National Railroad Passenger Corporation contra Boston y Maine Corp., 503 U.S. 407 (1992); Mt. Vernon-Woodberry Cotton Duck Co. contra Alabama Interstate Power Co., 240 U.S. 30 (1916). Pero la "propiedad pública" y "uso por el público" a veces son maneras demasiado restrictivas y poco prácticas de definir el alcance de la Cláusula de Uso Público.

Por lo tanto hemos permitido que, en determinadas circunstancias y para cumplir con ciertas exigencias, las expropiaciones que sirven a un propósito público también cumplan con la Constitución, incluso si la propiedad está destinada para un uso privado posterior. Ver, por ejemplo, Berman contra Parker, 348 U.S. 26 (1954), Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S 229 (1984).

Este caso nos devuelve, por primera vez en más de 20 años, a la difícil pregunta de cuándo una expropiación supuestamente de "interés público" concurre con el requisito de uso público. Esto presenta un asunto que resalta a primera vista: ¿Son constitucionales las expropiaciones de desarrollo económico? Yo sostendría que no lo son. Nos guiamos por dos precedentes sobre la expropiación de bienes inmuebles por dominio eminente. En Berman, confirmamos expropiaciones dentro de un vecindario deteriorado de Washington, D.C. El vecindario estaba tan deteriorado que, por ejemplo, el 64,3% de sus viviendas estaban más allá de la reparación. 348 U.S. en 30. Se había convertido en una carga con "el hacinamiento de las viviendas", "la falta de calles adecuadas y callejones" y "falta de aire y luz". Id. en 34. El Congreso había determinado que el vecindario se había convertido en "perjudicial para la salud, seguridad, moral y bienestar públicos" y que era necesario "eliminar tales condiciones perjudiciales mediante el empleo de todos los medios necesarios y adecuados para lograr dicho propósito", incluyendo el dominio eminente. Id., en 28. La tienda por departamento del señor Berman no estaba en ruinas. Después de haber aprobado la decisión del Congreso para eliminar el daño al público que emanaba del vecindario deteriorado, sin embargo, no hemos de poner en duda su decisión de tratar al vecindario como un todo en vez de lote por lote. Id. en 34-35; ver también Midkiff, 467 U.S. en 244 ("es sólo el objetivo de la expropiación, y no su mecánica, lo que debe pasar por un examen").

En Midkiff, sostuvimos un esquema de condena de los terrenos en Hawaii por el que se tomó el título de la propiedad real de los arrendadores y se transfirió a los arrendatarios. En ese momento, los gobiernos estatales y federales eran dueños de casi el 49% de las tierras del Estado, y el otro 47% estaba en manos de sólo 72 propietarios privados. La concentración de la propiedad de la tierra era tan dramática que en la isla más urbanizada del Estado, Oahu, 22 propietarios detentaban la propiedad del 72,5% de la tierra. Id. en 232. La Legislatura de Hawaii llegó a la conclusión de que el oligopolio en la propiedad de la tierra estaba "sesgando la tarifa residencial del Estado del simple mercado, inflando los precios de la tierra, y lastimando la tranquilidad y el bienestar públicos", y por lo tanto, promulgó un esquema de condena para la redistribución de títulos. Ibid.

En esas decisiones, enfatizamos la importancia de retrasar los juicios legislativos acerca del propósito público. Porque los tribunales no están preparados para evaluar la eficacia de las propuestas de iniciativas legislativas, hemos rechazado como impracticable la idea de los tribunales sobre “decidir lo que es o no es una función gubernamental y de invalidar la legislación con base al punto de vista de la pregunta al momento de la decisión, una práctica que ha resultado imposible en otros campos”. Id., en 240-241 (citando a United States ex rel. TVA contra Welch, 327 U.S. 546, 552 (1946); Ver Berman, supra, en 32 ("El poder legislativo, no el poder judicial, es el guardián principal de las necesidades públicas a ser servidas por la legislación social"), ver también Lingle contra Chevron U.S.A, Inc., 544 U.S. ___ (2005). Del mismo modo, reconocemos nuestra incapacidad para evaluar si, en un caso dado, el dominio eminente es un medio necesario para perseguir fines de la legislatura. Midkiff, supra, en 242; Berman, supra, en 103.

Sin embargo, para todo el énfasis en deferencia, Berman y Midkiff cortaron un principio sólido sin el cual nuestra jurisprudencia sobre uso público se vendría abajo: "Una expropiación puramente privada no puede resistir el escrutinio del requerimiento de uso público, ya que este no serviría a un propósito legítimo del gobierno y por lo tanto sería nula.” Midkiff, 467 U.S. en 245; id., en 241 ("Los casos de la Corte han señalado reiteradamente que la propiedad "de una persona no puede ser tomada en beneficio de otra persona privada sin justificar un propósito público, a pesar de que la indemnización se haya pagado”. (Citando a Thompson contra Consolidated Gas Util. Corp., 300 U.S. 55, 80 (1937); ver también Missouri Pacific R. Co contra Nebraska, 164 U.S. 403, 417 (1896). Para proteger ese principio, esas decisiones reservan "un rol a realizar por los tribunales a la hora de revisar el juicio de una legislatura de lo que constituye un uso público ... [aunque] el tribunal en Berman dejó en claro que es “estrecho en extremo". Midkiff, supra, en 240 (citando a Berman, supra, en 32).

Las posturas de la Corte en Berman y Midkiff fueron leales al principio que subyace en la Cláusula de Uso Público. En ambos casos, el uso pre-condenado de las propiedades en cuestión infligió un daño a la sociedad - en Berman porque el deterioro se debía a una pobreza extrema y en Midkiff porque el oligopolio se debía a una riqueza extrema. En ambos casos, el cuerpo legislativo competente consideró que la eliminación del uso de la propiedad existente era necesaria para remediar el daño. Berman, supra, en 28-29; Midkiff, supra, en 232. Por lo tanto, el propósito público se logró cuando el uso nocivo fue eliminado. Como cada expropiación logró de forma directa un beneficio público, no importó que las propiedades fueran entregadas para uso privado. Aquí, en cambio, New London no consideraba que las casas de Susette Kelo y de Wilhelmina Dery eran la fuente de daño social. De hecho, no lo podría afirmar, sin adoptar el absurdo argumento de que cualquier casa de una familia podría ser demolida para dar paso a un edificio de apartamentos, o cualquier iglesia podría ser sustituida por una tienda al por menor, o que cualquier negocio pequeño podría ser más lucrativo perteneciera a una franquicia nacional, lo que sería de por sí perjudicial para la sociedad y por lo tanto en el poder del gobierno para condenar.

Dejando a un lado nuestra postura de sancionar la condena al uso de propiedades nocivas, la Corte hoy en día amplía sustancialmente el significado de uso público. La Corte sostiene que el soberano puede, en la actualidad, tomar la propiedad privada destinada a un uso privado común, y darla a otro particular para un uso nuevo, privado y ordinario, siempre y cuando el nuevo uso prevea generar algún beneficio secundario para el público -como una mayor recaudación tributaria, más puestos de trabajo, tal vez incluso el placer estético. Pero cualquier uso legal de la propiedad privada podría afirmarse que genera algún beneficio incidental para el público. Así, si los efectos colaterales positivos son suficientes para transferir de un particular u otro constitucionalmente, entonces las palabras "para uso público" no excluyen de forma realista cualquier tipo de expropiación ni ejerce ninguna restricción en el poder de dominio eminente.

Hay un sentido en el que este resultado preocupante responde a un lenguaje errante de Berman y Midkiff. Discutiendo si las expropiaciones de un vecindario en ruinas eran para un uso público, Berman comenzó observando "Nos ocupamos, en otras palabras, con lo que tradicionalmente se ha conocido como el poder de policía". 348 U.S. en 32. Desde allí, declaró que "una vez que el objeto está dentro de la autoridad del Congreso, el derecho a realizarlo a través del ejercicio del dominio eminente es claro". Id. en 33. En consecuencia, dijimos en Midkiff que "el requisito de 'uso público' es coincidente con el ámbito de competencias de policía de un soberano". 467 U.S. en 240. Este lenguaje era innecesario para soportar tales decisiones. Berman y Midkiff simplemente no sometieron dicho lenguaje al examen constitucional, ya que las expropiaciones en esos casos estaban bajo el poder de policía, así como también sus fines eran para "uso público," por las razones que he descrito. El caso que nos ocupa ahora demuestra por qué el poder de policía y de "uso público" no siempre se puede equiparar, al momento de decidir si el propósito de una expropiación es constitucional. La Corte censura que eso no sanciona la transferencia al descubierto de A a B para el beneficio de B.

Sugiere sin embargo dos limitaciones de lo que se puede expropiar después de la decisión de hoy. En primer lugar, mantiene el papel de los tribunales en descubrir expropiaciones cuyo único propósito es otorgar un beneficio a los cesionarios privados, sin entrar en detalles de cómo harán los tribunales para llevar a cabo esa complicada investigación. Ante, en 7. Por su parte, el juez Kennedy sugiere que los tribunales pueden determinar un propósito divino de un examen detenido del expediente y del proceso por el cual un cuerpo legislativo llegó a la decisión de expropiar, sin especificar lo que los tribunales deben buscar en un caso con hechos diferentes, la forma en que sabrán si lo han encontrado, y qué hacer si no lo hacen. Ante, en 2-3 (voto concurrente). Cualquiera de los detalles del no develado examen del Juez Kennedy, es difícil imaginarse a nadie fallándolo, salvo un "personal estúpido”. Ver Lucas contra South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003, 1025-1026, n. 12 (1992). El problema con las expropiaciones de desarrollo económico es que el beneficio privado y el beneficio público incidental están, por definición, fusionados y se refuerzan mutuamente. En este caso, por ejemplo, cualquier ayuda para Pfizer o al promotor del plan es difícil separarla de los beneficios públicos prometidos tanto en ingresos fiscales como en plazas de empleo. Ver Apéndice de la solicitud de un escrito de certiorari. 275-277.

Incluso si hubiera una manera práctica de aislar los motivos detrás de una expropiación determinada, el gesto hacia una prueba sobre el propósito es en teoría defectuoso. Si bien es cierto que los beneficios públicos incidentales de un nuevo uso privado son suficientes para garantizar el "propósito público" en una expropiación, ¿por qué debería importar, en cuanto a la quinta enmienda se refiere, lo que inspiró la expropiación en primer lugar? Hasta qué punto el gobierno desea o no favorecer a un particular privado que no tiene nada que ver con que si una expropiación para el desarrollo económico genera o no beneficios segundarios para el público. Y cualquiera que sea la razón de una condena determinada, el efecto es el mismo desde el punto de vista constitucional, la propiedad privada es renunciable a la fuerza para una nueva propiedad privada.

Una segunda limitación se encuentra implícita en la opinión de la Corte. La lógica de la decisión de hoy es que el dominio eminente sólo podrá ser utilizado para mejorar, no para desmejorar, la propiedad. Esto hace, en el mejor de los casos, que el uso de la Cláusula de Uso Público sea redundante con la Cláusula del Debido Proceso, la cual ya prohíbe acciones irracionales del gobierno. Ver Lingle, 544 U.S.___. El Tribunal admite que, sin embargo, el poder judicial no puede enredarse en juicios predecibles acerca de si el público realmente estará mejor después de una transferencia de propiedad. En cualquier caso, esta limitación carece de valor real. ¿Quién de nosotros puede decir que ella hace el uso más productivo o atractivo de su propiedad? El fantasma de la condena se cierne sobre toda la propiedad. Nada es para evitar que el Estado remplace cualquier Motel 6 por un Ritz-Carlton, cualquier casa con un centro comercial, o cualquier granja con una fábrica. Cf. Bugryn contra Bristol, 63 Conn. App. 98, 774 A. 2d 1042 (2001) (expropiando las casas y una granja de cuatro propietarios en sus 70 y 80 y dárselo a un "parque industrial"); 99 Cents Only Stores contra Lancaster Redevelopment Authority, 237 F. Supp. 2d 1123 (CD Cal. 2001.) (intento de expropiación de una tienda 99 Cents para remplazarla con un Costco); Poletown Neighborhood Council contra Detroit, 410 Mich. 616, 304 N.W. 2d 455 (1981) (expropiando a una comunidad inmigrante de clase trabajadora en Detroit y dándole a planta de ensamblaje de General Motors), revocada por County of Wayne contra Hathcock, 471 Mich. 415, 684 N.W. 2d 765 (2004), Informe para el Becket Fund for Religious Liberty como Amicus Curiae 4-11 (describiendo a las expropiaciones de las propiedades de instituciones religiosas); Instituto para la Justicia, D. Berliner, Poder Público, Provecho Particular: a Cinco Años, Informe Estado por Estado informe examinando el abuso del Dominio Eminente (2003) (recogiendo cuentas de la recaudación de expropiaciones por desarrollo económico).

La Corte también pone especial énfasis en los hechos particulares de este caso: El plan de la NLDC es el producto de un proceso deliberado, relativamente cuidadoso, que propone el uso del dominio eminente para un plan integrado, en lugar de la transferencia aislada de propiedad; promete una serie de beneficios incidentales (incluyendo los beneficios estéticos), no sólo el aumento de impuestos, sino que viene de la mano de una determinación legislativa ya que New London es un municipio deprimido. Ver, por ejemplo, ante, en 16 ("Una transferencia de bienes, uno a uno, ejecutada fuera de los objetivos de un plan integral de desarrollo, no se presenta en este caso"). El juez Kennedy, esta conforme con estos hechos. Ante, en 4 (opinión concurrente). Pero nadie tiene la justificación legal de desafiar el fallo actual. Si los pronósticos legislativos sobre las ventajas públicas secundarias de un nuevo uso puede legitimar una expropiación, no hay nada en las reglas de la Corte o en el brillo que le pone el juez Kennedy a la regla, que prohíba la transferencia de propiedad realizadas con menos cuidado o menos exhaustivas, que ocurren como resultado de procesos menos elaborados, donde la única ventaja proyectada es la incidencia de mayores impuestos, o la esperanza de transformar una ciudad que ya es próspera en una más próspera aún.

Finalmente, el Tribunal sugiere que los propietarios deben volcarse a los Estados, que puedan optar o no de imponer límites adecuados para expropiaciones de desarrollo económico. Ante, en 19. Esta es una abdicación de nuestra responsabilidad. Los Estados desempeñan muchas funciones importantes en nuestro sistema de soberanía dual, pero compensar nuestra negativa de hacer cumplir debidamente la Constitución Federal (y una disposición destinada a reducir las acciones del Estado), no se encuentra entre ellas.

***

Fue posible después de Berman y Midkiff imaginar transferencias de propiedad inconstitucionales de A a B. Esas decisiones apoyaron la intervención del gobierno cuando el uso de la propiedad privada se había desviado a tal extremo que lo público estaba sufriendo las consecuencias. Hoy casi todas las propiedades reales son susceptibles de ser condenadas bajo la teoría de la Corte. En palabras especificas de un disidente de la decisión infame de Poletown, "ahora que hemos autorizado a órganos legislativos locales para decidir que si un uso comercial o industrial de una propiedad produce mayores beneficios públicos que los de su uso actual, ningún propietario de una vivienda, de un comercio o de una fábrica, productiva o de valor para su propietario, es inmune a la condena en beneficio de otros intereses privados que lo sometan a un "uso superior". 410 Michigan, en 644-645, 304 NW 2d, en 464 (opinión de Fitzgerald, J.). Esta es la razón por la cual las expropiaciones de desarrollo económico ciertamente ponen en peligro la seguridad de la propiedad privada. Id., en 645, 304 NW 2d, en 465 (Ryan, J., disidente).

Cualquier propiedad puede ahora ser expropiada en beneficio de otro particular, pero las consecuencias de esta decisión no serán al azar. Los beneficiarios suelen ser ciudadanos con influencias desproporcionadas y poder en el proceso político, dentro de las cuales se encuentran las grandes corporaciones y empresas de desarrollo. En cuanto a los afectados, el gobierno tiene ahora la facultad de transferir la propiedad de los que tienen menos recursos para los que tienen más. El espíritu de los creadores de la Constitución no fue la de generar una consecuencia tan perversa. "Eso es sólo un gobierno justo", escribió James Madison, "que imparcialmente asegura a todo hombre, cualquiera cosa que sea suya." Para el Boletín Oficial, la propiedad, (29 de marzo 1792), reimpreso en 14 trabajos de James Madison 266 (R. Rutland y otros eds. 1983).

Sostengo que las expropiaciones de ambas parcelas 3 y 4A, son inconstitucionales, contrario al criterio de la Corte Suprema de Connecticut, por lo cual lo remito a otra instancia.

SUSETTE KELO y otros, SOLICITANTES contra la CIUDAD DE NEW LONDON

y otros.

Escrito de Certiorari a la Corte Suprema de Connecticut

[23 de junio de 2005]

El Juez Thomas, en desacuerdo.

Hace un tiempo William Blackstone escribió que “la ley de tierras… pospone, inclusive, ante las necesidades públicas, el sagrado e inviolable derecho a la propiedad privada”. Comentarios de la Ley de Inglaterra 134-135 (1765) (en lo sucesivo Blackstone). Los redactores de la Constitución plasmaron este principio en el texto de ésta, permitiéndole al gobierno expropiar bienes, no para satisfacer “necesidades públicas” sino para el “uso público”. Enmienda Quinta. Definiendo este criterio, la Corte remplaza la Cláusula de Uso Público por la Cláusula de “Interés Público”, ante, en 9-10 (o tal vez la Cláusula de las “Diversas y Vinculantes Necesidades de la Sociedad”, ante, en 8 (capitalización añadida), una restricción que se cumple, siempre que el propósito sea “legítimo” y los medios “racionales”, ante, en 17 (comillas omitidas). Este cambio de fraseología, le permite a la Corte mantener, contra todo criterio, que un costoso proyecto de renovación de urbanismo, cuyo propósito de estado consiste en una vaga promesa de generar nuevos empleos e incrementar los ingresos tributarios, es también a su vez, conveniente para los intereses de la Corporación Pfizer, de que sea empleado como de “uso público”.

No puedo estar de acuerdo con lo anterior. Si tales expropiaciones de “desarrollo económico” son para el “uso público”, cualquier expropiación lo es, y la corte ha eliminado la Cláusula de Uso Público prevista en nuestra Constitución, tal como lo argumenta el Juez O’Connor. Ante, en 1-2, 8-13. No considero que esta Corte pueda eliminar garantías expresamente mencionadas en la Constitución y luego sumarse a su discrepante opinión. Lamentablemente, sin embargo, el error de la Corte supera este escenario. La decisión de hoy es simplemente la más reciente de una serie de casos en los cuales se interpreta la Cláusula de Uso Público como una nulidad virtual, sin acertar ligeramente con su definición inicial. En mi opinión, la Cláusula de Uso Público, originalmente interpretada, es una significativa limitación al dominio de poder del gobierno. Nuestros casos se han alejado de la definición original de dicha Cláusula, por lo cual yo los reconsideraría.

La Quinta Enmienda establece que:

“No se puede obligar a nadie a hacerse responsable por un crimen capital o cualquier otro crimen infame, al menos que exista una acusación del jurado, exceptuándose los casos que se produzcan en áreas de fuerzas navales, o en la Milicia en servicio activo en tiempo de guerra o peligro público, tampoco debe ninguna persona ser juzgada por el mismo delito, poniendo doblemente en peligro su vida o su integridad física, ni debe ser obligada en ningún caso a ser testigo en su contra, ni ser privado de la vida, libertad o la propiedad, sin el debido proceso de Ley, ni debe ser expropiada la propiedad privada para una causa pública, sin la justa indemnización”. (Énfasis añadido)

La Cláusula de Expropiación es la última de las garantías a la que se refiere este caso. En mi criterio, es “obligatorio que la corte mantenga estricta fidelidad a la limitación expresa de la Cláusula, en lo que respecta al derecho del Gobierno sobre el derecho individual, sin menoscabo de las garantías expresamente enumeradas en la Quinta Enmienda o en la Carta de Derechos. Shepard contra Estados Unidos, 544 U.S__, __ (2005) (Decisión, en 2) (Thomas J., concurriendo en parte y concurriendo en el fallo). (Comillas internas omitidas).

A pesar de que uno de los elementos de protección que establece la Cláusula de Expropiación se refiere a que el gobierno pueda expropiar la propiedad privada, sólo si se da la “justa indemnización” por la misma, la referida Cláusula también prohíbe al gobierno expropiar bienes salvo que sean para “uso público”. De lo contrario, la Cláusula de Expropiación no tendría sentido o sería letra muerta. Si la Cláusula de Uso Público tuviese otra función distinta a establecer que el gobierno puede expropiar bienes a través del poder del dominio eminente, ya sea para uso público o privado, entonces la misma sería excesiva. Ver ante, en 3-4 (O’Connor, J. en desacuerdo); ver también Marbury contra Madison, 1 Cranch 137, 174 (1803) (“No se puede presumir que una cláusula establecida en la Constitución tenga la intención de no producir efecto alguno”); Myers contra United States, 272 U.S. 52.151 (1926). Alternativamente, en la Cláusula se podría distinguir entre las expropiaciones que requieren indemnización de aquellas que no. Sin embargo, tal interpretación “permitiría que la propiedad privada sea expropiada o para un uso privado, sin compensación alguna”. Cole contra La Grange, 113 U.S. 1.8 (1885) (interpretando el mismo criterio de la Cláusula de Uso Público de Missouri). En otras palabras, la Cláusula requiere que el gobierno indemnice por las expropiaciones realizadas por concepto de “uso público”, permitiendo libremente expropiar la propiedad para simples usos privados, sin que se genere compensación alguna. Esto contradeciría un principio sólido, debidamente establecido al momento de la creación, de la Constitución, el cual establece que: “todas las expropiaciones requieren el pago de la indemnización. 1. Blackstone 135; 2 J. Kent, Comentarios del Derecho Americano 275 (1827) (en los sucesivo Kent); J Madison para la Gaceta Nacional de Propiedad (27 de marzo de 1792), en 14 documentos de James Madison 266, 267 (R. Rutland y otros editores 1983) (alegando que ninguna propiedad “puede ser expropiada directamente aún para uso público sin la debida indemnización al propietario”) [1]. Tanto la Cláusula de Uso Público como la Cláusula de Justa Indemnización son, en lo sucesivo, limitaciones expresas al poder de dominio eminente del gobierno.

La lectura más correcta de la Cláusula, es que permite al gobierno expropiar bienes sólo si el gobierno posee, o lo público tiene el derecho de usar, la propiedad, contrariamente a expropiarla en razón de un interés o necesidad pública. Al momento de crear esta figura, los diccionarios definían la palabra “uso” principalmente como “el acto de emplear cualquier cosa a cualquier propósito.” S. Johnson, Un Diccionario del Idioma Inglés 2194 (4th Edición 1773) (en lo sucesivo Johnson). Por otra parte, el término “uso”, “proviene del latín usus, que significa usar, hacer uso de, aprovecharse uno mismo de, emplear, aplicar, gozar, etc.” J. Lewis, Ley del Poder Eminente 165, Pg. 224, nro. 4 (1888) (en lo sucesivo Lewis). Cuando el Gobierno expropia un bien y se lo da a un particular, y lo público no tiene ningún derecho a utilizar la propiedad, nos vemos obligados a decir que lo público está “utilizando” la propiedad, a pesar de los beneficios incidentales que puedan generarse al público por el uso privado. El término “uso público” significa, entonces, que ya sea el gobierno o sus ciudadanos como un todo, deben realmente “utilizar” los bienes expropiados. Ver Id., en 223 (analizando los diccionarios del tiempo en que fue creada la figura).

Se da por sentado, que otro sentido de la palabra “uso” amplió su significado extendiéndose a “conveniencia”, “ayuda” o “a las cualidades que hacen que una cosa sea adecuada para cualquier propósito”. 2 Johnson 2194. No obstante, tal como se indica en el contexto, el término “uso público” posee el significado más estrecho. Por otra parte, la Constitución emplea en dos oportunidades la palabra “uso”, y en ambos casos en su significado más estrecho. Claeys, en Limitaciones del Uso-Público y los Derechos Naturales de la Propiedad, 2004 Mich, St L. Revisión 877,897 (en lo sucesivo Limitaciones del “Uso Público”. El Articulo 1 § 10 establece que “el producto neto de todos los derechos e impuestos que establezcan los Estados sobre las importaciones y exportaciones se aplicará en provecho del Tesoro de los Estados Unidos”, entendiéndose que la Tesorería por sí sola controlará todos los impuestos, sin utilizarlos para un beneficio específico. El Artículo 1 § 8 concede al Congreso el poder de “crear y mantener ejércitos, sin embargo, pero ninguna apropiación de dinero para este uso podrá extenderse por un período mayor a dos años.” En tal sentido, el término “uso” significa “empleado para crear y mantener ejércitos, y no algo que directamente logre algún fin militar. La misma palabra señalada en la Cláusula de Uso Público podría interpretarse de la misma manera.

De forma contundente, la frase “Uso Público” contrasta con la frase muy diferente de “Bienestar general” que se encuentra a lo largo del texto constitucional, ver Ibid. (El Congreso debe tener el Poder… de proporcionar la defensa y el bienestar común de los Estados Unidos”); preámbulo (La Constitución establece “para promover el Bienestar general”); los redactores de la Constitución no hubiesen utilizado una término tan amplio si hubiesen pretendido que tuviera un alcance similar al de la Cláusula de Uso Público. Otros documentos del tiempo de creación, marcaron el contraste entre ambos términos de una forma más explícita. Ver Ventas, Republicanismo Clásico y el Requerimiento de “Uso Público” de la Quinta Enmienda, 49 Duke L.J. 339, 368 (2000) (en lo sucesivo Ventas) (señalando el contraste entre, por una parte, el término “uso Público” utilizado por 6 de los 13 estados y, por la otra, los términos, “exigencias públicas” utilizado en la Carta de Derechos de Massachusetts y la Ordenanza del Noroeste, y “necesidad pública” utilizado en la Constitución de Vermont de 1786). El texto de la Constitución, en resumen, sugiere que la Cláusula de Expropiaciones autorice la expropiación de un bien, sólo si lo público tiene derecho de hacer uso de éste, y no en el caso en que lo público se dé cuenta que puede obtener beneficios de la expropiación.

El origen del derecho consuetudinario previsto en la Constitución, refuerza este criterio. El derecho consuetudinario establece un método expreso para eliminar la utilización de tierras que adversamente impacten el bienestar público: ley de perjuicio. Blackstone y Kent, por ejemplo, ambos distinguieron cuidadosamente entre la ley de perjuicio y el poder de dominio eminente. Comparar 1 Blackstone 135 (señalando el poder del gobierno de expropiar bienes con indemnización) con 3 id., en 216 (refiriéndose a la acción de remediar el “daño... público, que afecta a lo público y perturba a todos los sujetos del rey”); ver también 2 Kent 274-276 (distinguiendo ambos). Blackstone rechazó la idea que la propiedad privada podía ser expropiada solamente con el objeto de tener cualquier beneficio público. “Que grandiosa … es la Ley de Propiedad Privada”, explicó “que no autoriza la menor violación de ella, ni siquiera por el bien general de la comunidad”. 1 Blackstone 135. El continuó: ‘Si una nueva vía …tuviera que hacerse por medio de los campos de un particular privado, esto debe probablemente ser extensivamente beneficioso al público, pero la ley establece que ningún hombre o grupo de hombres, puede hacer esto sin el debido consentimiento del propietario de la tierra. Ibid. Solamente otorgándole [al propietario de la tierra] una indemnización completa”, podría el gobierno expropiar, e incluso entonces “lo público puede considerarse como un individuo, negociando con otro particular para un intercambio” Ibid. Cuando lo público toma la propiedad, dicho de otro modo, la toma como un particular que compra la propiedad a otro para su propio uso. La Cláusula de Uso Público, en concreto, refleja la interpretación de los creadores de la Constitución, donde la propiedad es un derecho natural y fundamental, prohibiendo al gobierno expropiar una propiedad A y entregársela a B”; Calder contra Bull, 3 Dall. 386, 388 (1978): ver también Wilkinson contra Leland, 2, Pet. 627, 658 (1829): Vanhorne’s Lessee contra Dorrance, 2 Dall 304., 311 (CC Pg 1795).

El propósito público de la interpretación de la Cláusula de Uso Público duplica innecesariamente una averiguación similar, prevista en la Cláusula Necesaria y Apropiada. La Cláusula de expropiación es una prohibición, no una concesión de poder: La Constitución no le concede expresamente al Gobierno Federal el poder de expropiar por cualquier causa de interés público. En cambio, el gobierno sólo puede expropiar un bien cuando sea necesario para el ejercicio de un poder expresamente establecido. Ver Kohl contra United States, 91 U.S. 367, 371-372 (1876) (señalando el poder del Gobierno Federal, bajo la Cláusula Necesaria y Apropiada, requerido para apropiarse de terrenos para fuertes y arsenales para astilleros, casas de la luz, aduanas, oficinas de correos, y tribunales, o para cualquier otro uso público”). Para que una Ley se encuentre dentro de la Cláusula Necesaria y Apropiada, como he explicado anteriormente, debe contener una relación obvia, simple y directa con el ejercicio de los poderes específicos del Congreso. Sabri contra United States, 541 U. S. 600.613 (2004) (Thomas J. concurriendo) y no debe socavar los principios básicos del diseño constitucional, Gonzáles contra Raich, ante, en ___ (Thomas J., difiriendo). Dicho de otra manera, una expropiación está permitida bajo la Cláusula Necesaria y Apropiada sólo si sirve a un propósito público válido. Al interpretar la Cláusula de Uso Público de la misma forma, se limita al Gobierno de expropiar sólo cuando se trate de causas públicas. Si esto es todo lo que la cláusula significa, es, una vez más, excesiva. Ver supra, en 3. La Cláusula es, de este modo, naturalmente interpretada para determinar si la propiedad es utilizada por lo público o el gobierno, no por el hecho de que el propósito de expropiar sea legítimamente público.

Las practicas de dominio eminente de la antigua América confirman este criterio en relación a la Cláusula de Uso Público. Esta práctica fue la que limitó el poder del dominio eminente del Estado y no la Quinta Enmienda, ya que fue en el siglo 19 cuando el Gobierno Federal comenzó a ejercer el poder de domino eminente, ergo la Cláusula de expropiación no pudo limitar tal poder del Estado hasta la creación de la Decimocuarta Enmienda. Ver Nota, La Limitación del Uso Público en el Dominio Eminente: Un Requerimiento Avanzado, 58 Yale L.J. 599, 599-600, y nn 3-4 (1949) Barron ex rel. Tiernan contra Mayor of Baltimore, 7 Pet. 243, 250-251 (1833) (sosteniendo que la Cláusula de Expropiación es inaplicable a los Estados por sus propias fuerzas). Sin embargo, algunas antiguas Constituciones Estatales, al momento de su creación, limitaban igualmente el poder de dominio eminente del Estado a “Usos Públicos”. Ver Ventas 367-369 y 137 n. (énfasis omitido). Sus prácticas dieron luces sobre el significado original de las mismas palabras contenidas en la Cláusula de Uso Público.

Los Estados emplearon el poder de dominio eminente para proporcionar bienes públicos por excelencia, tales como vías públicas, peajes, ferrys, canales, ferrocarriles y parques públicos. Lewis §§ 166, 168-171, 175, en 227-228, 234-241, 243. A pesar que el ejercicio del poder de dominio eminente era poco al momento de la creación, muchos Estados contaban con la tan llamada Ley de Molinos (Mill Act), la cual autorizaba a los propietarios de empresas molineras que operaban por presión hidráulica para inundar las tierras río arriba con el pago de una indemnización al propietario de dichas tierras. Ver por ejemplo id §178, en 245-246: Head contra Amoskeag Mfg. Co, 113 U.S. 9.16-19 (1885). Esos antiguos molinos estaban regulados por Ley y eran obligados a servirle al público por un peaje estipulado en un orden regular”, y por ende, eran utilizados por lo público. Lewis §178, en 246 y n. 3, ver también Head, supra en 18 y 19. Estas eran empresas de transporte cuasi públicas. Esto eran “Usos Públicos” en el sentido completo de la palabra, ya que lo público podía legalmente beneficiarse de las referidas empresas. Ver Las Limitaciones de Uso Publico 903 (El estatus de las empresas de transporte tradicionalmente se otorga a "los beneficiarios privados de una franquicia del estado u otra forma de monopolio estatal, o para empresas que operan en condiciones de monopolio natural").

Para estar seguros, algunas legislaciones estatales probaron los límites de su Ley Estatal sobre el poder del dominio eminente. En tal sentido, algunos Estados promulgaron estatutos permitiendo la expropiación con el fin de construir calles privadas. Ver Lewis §167, en 230. Estos estatutos fueron mixtos, ya que algunos requerían que el propietario de la tierra mantuviera las calles abiertas al público y otros no. Ver Id., §167, en 230-234. Posteriormente en el siglo 19, la Ley de Molinos fue empleada para garantizar derechos a fábricas privadas, incluyendo molinos de cereales que tenían obligaciones de transportistas comunes. Ver, por ejemplo, M. Horwitz, La Transformación de la Ley Americana 1780-1860, pg. 51,52 (1977).

Estos usos tempranos del poder de dominio eminente, son comúnmente citados como evidencia para la interpretación extensa del “propósito público” previsto en la Cláusula de Uso Público, ver por ejemplo, ante, en 8, n. 8 (opinión mayoritaria) Informe para los Demandados 30, Informe para la Assn. Americana de Planificación y otros como Amici Curiae, en 6-7, pero de hecho la constitucionalidad de estos ejercicios del poder de dominio eminente bajo las restricciones del uso público establecidas, fue una gran interrogante altamente debatida en las cortes estatales durante los siglos 19 y 20. Algunas cortes crearon esas cláusulas para autorizar las expropiaciones para propósitos públicos, pero otras se adhirieron al concepto inicial de “uso público” [2]. Como se menciono anteriormente, las tempranas Leyes de Molinos fueron aplicadas a entidades con la obligación de mantener el paso abierto al público, sin embargo, este hecho no se constituye como prueba suficiente para afirmar que esa práctica es consistente con el concepto original de la Cláusula de Uso Público. Ver McIntyre contra Ohio Elections Comm’n, 514 U.S. 334, 370 (1995) (Thomas J. Concurriendo en el fallo). Al momento de la creación de la Constitución, las corporaciones comenzaron a sentir un descontento con el antiguo modelo corporativo, en el cual el objetivo de las asociaciones colegidas era su propio servicio al público”, Horwitz, supra, 49-50, así que era natural para aquellos que enmarcaron las primeras Cláusulas de Uso Público, pensar en los Molinos como una entidad pública intrínseca. El desacuerdo entre las cortes estatales y la legislación estatal para intentar burlar los límites del uso público en el ejercicio de su poder de dominio eminente, no puede oscurecer la lectura más natural de la Cláusula de Uso Público cuando autoriza expropiaciones para el uso público siempre y cuando el gobierno o el público realmente hagan uso de la propiedad objeto de expropiación.

III

Nuestra más reciente jurisprudencia sobre la Cláusula de Uso Público, tal como la Corte indica, ha rechazado la lectura natural de la Cláusula. Ante, en 8-10. La Corte adoptó una lectura moderna a ciegas, con poca discusión sobre la historia de la Cláusula y significado original, en dos tipos de casos: primero, en casos que adoptan la interpretación de “propósito público” de la Cláusula; y, segundo, en casos que aplazan juicios legislativos en atención a lo que constituye un propósito público válido. Esos casos cuestionables convergieron en la concepción infinitamente amplia y respetuosa de "uso público" adoptada por esta Corte en los casos Berman contra Parker, 348.U.S. 26 (1954), y Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S. 229 (1984), casos medulares en el criterio de la Corte. Ver ante, 10-12. La debilidad de este tipo de casos y posteriormente los casos Berman y Midkiff fatalmente socavan los fundamentos doctrinales de la decisión de la Corte. La aplicación cuestionable en la actualidad de estos casos es una prueba más que el estándar del “propósito público” no es susceptible de aplicación de principios. La tendencia de la Corte en relación a este tema es desacertada y debe ser reconsiderada.

Como resalta la Corte, la interpretación del ‘’propósito público” en la Cláusula de Uso Público, se deriva de Fallbrook Irrigation contra Bradley, 164. U.S. 112.161-162 (1896). Ante, en 11. El tema en Bredley era una condena a los fines de construir una acequia para uso público. 164 U.S. en 161. El Juez Peckham declaró para la Corte que esto era de uso público ya que “el regar y lograr cultivar extensos terrenos que de otra forma serían inútiles pareciera ser un propósito público y materia de interés público, no se limita a los propietarios de tierras, o incluso a cualquier sección del Estado”. Ibid. Esta amplia declaración fue dictum, bajo la ley en revisión también se estableció que “todos los propietarios de terrenos del Distrito tienen el derecho a porción del agua”. Id., en 162. De este modo, lo “público” tenía el derecho de utilizar el canal de riego en razón que todos los miembros del público (aquellos cuyas tierras son regadas por la acequia) en situación similar tenían derecho a su uso. La Corte no citó autoridad para su dictum, y no discutió ni el significado original de la Cláusula de Uso Público ni las numerosas autoridades que han adoptado el test de “uso actual” (aunque al menos reconoció el conflicto de autoridad en la cortes estatales, ver id, en 158; supra en 9 y n. 2). En cambio, la Corte analizó que: “el uso debe ser considerado como uso público, o de lo contrario podrá parecer que ningún esquema general de irrigación pueda formarse o llevarse a cabo”. Bradley, supra, en 160-16. Esto no es una declaración de principios constitucionales: Sin embargo la utilidad de los distritos a ser irrigados o los méritos de la visión de la Corte, en relación con otra regla sería “impractico dado a las diversas y necesidades de la sociedad siempre en evolución”, ante, en 8, la Constitución no establece esas políticas preferenciales más que “promulgar las Estadísticas Sociales del Sr. Hebert” Lochner contra Nueva York, 198 U.S. 45. 75 (1905) (Holmes J. en desacuerdo), pero ver id, en 58-62 (Peckham, J. para la Corte).

Estos casos fueron sometidos al test Bradley con muy poco análisis. En Clark contra Nash, 198 U.S. 361 (1905) (Peckham, J. para la Corte), esta Corte se apoyó en algo más que una citación a Bradley en la defensa de otra condena con el propósito de poner un canal de riego. 198 U.S. 369-310. Tal como se indicó en Bradley, el uso del test del “propósito público” era innecesario para el resultado alcanzado por la Corte. El gobierno condenó el canal de riego con el fin de asegurar el acceso al agua, con lo cual: otros propietarios de tierras colindantes… puedan compartir dicho recurso”, 198 U.S., en 370, y por otro lado, Clark también implicó una condena cuyo propósito era asegurar el acceso a un recurso sobre el cual miembros de lo público tenían igual derecho de acceder. De igual forma, en Strickley contra Highland Boy Gold Mining Co, 200 U.S. 527 (1906), la Corte se baso en una condena estableciendo un derecho aéreo de paso para un la línea Bucket operada por una compañía minera, tomando como base a Clark, ver Strickley, supra, en 531. Este caso también pudo haber sido desarrollado en un terreno limitado, partiendo que el “el demandante era un transportista para si mismo y para otros”, 200 U.S. en 531-532 y por ello la línea bucket fue legalmente abierta al público. Contrariamente, la Corte innecesariamente basó su decisión en “el uso inadecuado del público en general, como una prueba universal.” Id, en 531. Estos casos de la Corte, incorporaron rápidamente el estándar del propósito público establecido en Clark y Strickley a través de una citación infundada. Ver, por ejemplo, Rinde Co. contra Country of Los Angeles, 262 U. S. 700, 707 (1923); Block contra Hirsh, 256 U.S. 135.155 (1921); Mt. Vernon-Woodberry Cotton Dick Co. contra Alabama Intersate Power Co. 240.U.S. 30, 32 (1916); O’Neil contra Leaner, 239 U.S. 244.253 (1915).

Una segunda línea de casos de este Tribunal también se desvió del significado original de la Cláusula de Uso Público, al permitir que las legislaturas definir el ámbito de validez del "uso público". El caso de United States contra Gettysburg Electric Co R., 160 EE.UU. 668 (1896), versó sobre la interrogante de si la decisión del Congreso para condenar ciertas tierras privadas con el propósito de la construcción de monumentos de campo de batalla de Gettysburg, Pennsylvania, fue para un Uso Público. Id. en 679-680. Dado que el Gobierno Federal tenía como objetivo utilizar las tierras en cuestión, id, en 682, no hay duda que se trataba de un uso público bajo cualquier parámetro razonable. Sin embargo, la Corte, invocando al juez Peckham, declaró que "cuando la legislación ha declarado el uso o propósito público, su sentencia será respetada por los tribunales, a menos que el uso carezca de fundamento razonable" Id., en 680. Como se estableció en el dictum de uso público en Bradley, supra, la Corte rápidamente incorporó este dictum en sus casos relacionados con la Cláusula de Uso Público con muy poca discusión. Ver, por ejemplo, United States ex reil TVA contra Welch, 327 U.S. 546, 552 (1946); Old Dominion Land Co. contra United States, 269 EE.UU. 55, 66 (1925).

No existe justificación alguna, sin embargo, para ser condescendiente con las conclusiones legislativas que establecen que un uso sirve como "uso público". Para empezar, un tribunal no debe tener deferencia alguna ante un juicio legislativo sobre la cuestión esencialmente jurídica de si el gobierno es dueño, o el público tiene el derecho de usar, la propiedad expropiada. Incluso, bajo la interpretación de "propósito público" es muy improbable que los redactores de la Constitución tuviesen la intención de diferir a los legisladores la determinación de lo que satisface a la Cláusula de Uso Público, la cual es única entre todas las disposiciones establecidas en la Carta de Derechos. No diferiremos a una determinación legislativa dictada en circunstancias diversas la determinación, por ejemplo, de cuando la búsqueda de una vivienda será razonable, Ver por ejemplo, Payton contra New York, 445 U.S. 573, 589-590 (1980), o cuando un condenado por doble asesinato pueda ser encadenado durante un procedimiento sin el registro de los hallazgos, Ver Deck contra Missouri, 544 U.S. (2005), o cuando la ley estatal crea un derecho de propiedad protegido por la Cláusula del Debido Proceso. Ver, por ejemplo, Castle Rock contra Gonzales, La Junta de Universidades de Estado contra Roth, 408 EE.UU. 564. 576 (1972), Goldberg contra Kelly, 397 EE.UU. 254, 262-263, (1970).

Peor aún, es imposible adoptar una revisión constitucional en relación a los intereses no tradicionales de la propiedad, tales como prestaciones sociales, ver, por ejemplo, Goldberg, supra, durante el aplazamiento del criterio legislativo, se constituye un uso público, cuando se ejerce el poder de dominio eminente, y por lo tanto invade derechos individuales tradicionales de la propiedad. La Corte ha reconocido, entre otras cosas, "el imperioso respeto por la vivienda, lo cual ha estado consagrado desde la creación de la República ", Payton, supra, en 601, cuando la cuestión versa en el hecho de que el gobierno puede buscar una vivienda. Sin embargo, hoy en día la Corte nos dice que no debemos "criticar las decisiones tomadas por la Ciudad ", ante, en 18, cuando nos referimos, en cambio, a si el gobierno puede inmiscuirse en los casos relacionados con la vivienda. Algo no está bien con la interpretación de la Constitución por parte de esta Corte. Aunque los ciudadanos están a salvo del gobierno, en lo que respecta a sus viviendas, estas viviendas no les corresponden del todo. Una vez que se acepta el criterio de la Corte, ante, en 6, que la Cláusula de Uso Público es un límite en el poder de dominio eminente del Gobierno Federal y los Estados, no hay ninguna justificación para la consideración que representa esta Cláusula para los legisladores.

Estos dos precedentes errados, se aglomeraron en el caso Berman contra Parker, 348 U.S. 26 (1954) y Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S. 229 (1984). Basándonos en los dos casos anteriores, la Corte en los casos Berman y Midkiff ratificó las condenas por demolición de barrios y redistribución de tierras, respectivamente. "Sin perjuicio de las limitaciones constitucionales” proclamó que "cuando la legislación se ha pronunciado, el interés público se declara bajo condiciones inconclusas. En tales casos, la legislación y el poder Judicial son los principales guardianes de las necesidades públicas a ser atendidas por la legislación social" 348 U.S, en 32. Este razonamiento dio origen a diversas interrogantes, ya que la cuestión a decidir era, si la "limitación constitucional " de la Cláusula de Uso Público, permitía expropiar al apelante. Id, en 31, 34. Berman, también señaló que cualquier ejercicio de poder del Congreso (en este caso, su poder plenario sobre el Distrito de Columbia) era, per se, un "uso público" de conformidad con la Quinta Enmienda. Id, en 33. Sin embargo, la intención de la Cláusula de Uso Público, es la de limitar ese poder. Ver supra, en 3-4.

Fundamentalmente, en Berman y Midkiff se cometió un error al equiparar el poder de dominio eminente con el poder policial de los Estados. Ver Midkiff 467 U. S., en 240 ("El requisito del 'uso público es… que coincida con el ámbito de los poderes policiales soberanos”), Berman, 348 U. S, en 32. Los usos tradicionales de ese poder reglamentado, tales como el poder para abatir una falta, no requiere ningún tipo de compensación, ver Mugler contra Kansas, 123 U.S. 623. 668-669 (1887), contrario al poder de expropiación, que ha requerido siempre una indemnización, ver supra, en 3 y n. 1. La pregunta de, si el Estado puede expropiar bienes mediante el poder de dominio eminente, es distinto a preguntarse si puede regular la propiedad de conformidad con el poder policial. Ver, por ejemplo, el caso Lucas contra South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003, 1014 (1992); Mugler, supra, en 668-669. En el caso Berman, por ejemplo, si los barrios en cuestión estaban realmente "arruinados", ver, por ejemplo, supra, 5-6; Lucas, supra, en 1029, el poder de dominio eminente, no sería el remedio adecuado. Para interpretar la Cláusula de Uso Público y coincidir con el poder policial de los Estados, se combinan estas dos categorías [3].

El test de "propósito público" aplicado en los casos Berman y Midkiff, tampoco puede aplicarse a ciertos principios. "Cuando nos apartamos de la definición original del término "uso público" y lo sustituimos por la simple idea de un poder público y la ocupación, de utilidad pública, de interés público, del bien común, y la ventaja general o de conveniencia ... estamos a flote sin ningún principio cierto que nos guíe. "Bloodgood contra Mohawk y Hudson R. Co., 18 Wend. 9, 60-61 (NY 1837) (opinión de Tracy, el Senador). Una vez que se permita la expropiación con fines de utilidad pública y de uso público, ningún principio coherente podría limitar lo que se podría constituir en un uso público válido, sin ir más allá del criterio del juez O'Connor (del todo adecuada), y apelar al texto de la propia Constitución. Ver ante, en 1-2, 8-13 (opinión disidente). En tal sentido, comparto el escepticismo de la Corte en relación a una norma de uso público que exige que los tribunales cuestionen las políticas de los proyectos de obras públicas. Ante, en 16-19. El criterio de ‘interés público” adoptado por esta Corte requiere la aplicación de tal decisión, por lo cual ésta reconoce que la Cláusula de Uso Público prohíbe una expropiación esencialmente privada. Ante, en 7-8. Es difícil imaginar cómo un tribunal puede considerar que una expropiación es esencialmente privada, si la determinación de tal expropiación no se fundamenta en un hecho de interés público. Cf. ante, en 9-10 (O'Connor, J., disintiendo) (teniendo en cuenta el complicado criterio de la Corte y sus requerimientos). El Tribunal por lo tanto, se equivoca al calificar la aplicación actual, como “difícil de administrar”. Ante, en 8. Es mucho más fácil analizar si el gobierno es dueño, o si el sector público tiene el derecho de utilizar el bien expropiado, que preguntarse si la expropiación contiene un ‘interés puramente privado". Ante, en 7-8, 16- 17. El hecho de eliminar una disposición de la Constitución, por supuesto, garantiza que no se aplicaría la misma de forma incorrecta.

Por todas estas razones, me gustaría pasearme nuevamente por nuestros casos de Uso Público y considerar aplicar la definición inicial de la Cláusula de Uso Público: que establece que el gobierno puede expropiar sólo si la propiedad afectada es empelada por el sector público, concediéndosele un derecho de uso.

Las consecuencias de la decisión actual, no son difíciles de predecir, y prometen ser perjudiciales. La llamada "renovación urbana" ofrece indemnizaciones para las expropiaciones que se realicen, pero no existe indemnización posible para compensar a los afectados por el valor subjetivo de estas tierras, ni por el desarraigo de sus hogares. Al permitir el gobierno las expropiaciones de la propiedad únicamente para fines públicos, es lo suficiente perjudicial, pero la ampliación del concepto de utilidad pública para abarcar cualquier beneficio económico, se traduce en que las zonas más afectadas serían las comunidades pobres. En las referidas comunidades, no sólo es poco probable que destinen voluntariamente sus tierras para la mejor y más alta utilidad social. Si nunca hubo una justificación para la revisión judicial de las disposiciones constitucionales, que protegen a las "minorías discretas e insulares", United States contra Carolene Products Co., 304 U.S. 144. 152, n. 4 (1938), seguramente que se aplicaría con gran fuerza a los grupos con menos poder, la Cláusula de Uso Público. El honorable criterio que la Corte ha adoptado para la Cláusula de Uso Público es, pues, profundamente perversa. Alienta "a aquellos ciudadanos con una influencia desproporcionada y con poder en el proceso político, incluyendo las grandes corporaciones y a las empresas en desarrollo "para victimizar a los más débiles. Ante, en 11 (Juez O'Connor, en desacuerdo).

Esos incentivos han hecho que el criterio "utilidad pública" de este Tribunal sea desfavorable. En la década de 1950, no existía duda de la amplitud de la interpretación de "uso público", esta Corte adoptó el criterio de Berman: las ciudades “se apresuran en crear planes” para el desarrollo de la ciudad. B. Frieden y Sagalayn L., centro, Inc. ¿Cómo se Reconstruyen las ciudades de América 17 (1989). "De todas las familias afectadas por la renovación urbana desde 1949 hasta 1963, el 63 por ciento de aquellos no eran blancos, y de estas familias, 56 por ciento de los no blancos y 38 por ciento de los blancos tenían ingresos lo suficientemente bajo como para tener derecho a la vivienda pública, per, sin embargo, rara vez eran beneficiados." Id., a las 28. Los proyectos de obras en los años 1950 y 1960 destruyeron predominantemente las comunidades minoritarias en St. Paul, Minnesota y Baltimore, Maryland. Id, en 28-29. En 1981, los planificadores urbanos en Detroit, Michigan, en gran medida desarraigaron la clase pobre y a los ancianos. El Barrio Poletown para el beneficio de General Motors Corporation. J. Wylie, Poletown: Comunidad Betrayed 58 (1989). Los proyectos de renovación urbanística han estado asociados con el desplazamiento de la raza negra, "en las ciudades del país, la renovación urbanística se conocía como "La Eliminación de los Negros”. Pritchett, la "Amenaza pública" de la Plaga: la renovación urbana y los usos privados de Expropiación Forzosa, 21 Yale L. y Pol'y Rev. 1, 47 (2003). Más del 97 por ciento de los individuos retirados de sus hogares por el proyecto de "eliminación de barrios" referido por este Tribunal eran negros. 348 U. S. en 30. Lamentablemente, la consecuencia previsible de la Decisión de la Corte es la de agravar estos efectos.

***

El Tribunal se fundamenta, exclusivamente, en los casos anteriores conocidos por éste, para obtener un resultado extenso, actual y comprometedor. Ver ante, en 8-12. Sin embargo, los principios que esta Corte debe emplear para decidir este caso, se encuentran en la Cláusula de Uso Público en sí, no en la opinión del Juez Peckham, ver supra, en 11. Cuando nos enfrentamos a un choque entre principios con constitucionales y una serie de casos irracionales y totalmente desvinculados del texto, historia y estructura documental, no debemos dudar de resolver el conflicto apegados al espíritu de la Constitución. Por las razones que he planteado, y por las razones expuestas en la disidencia el juez O'Connor, el conflicto de principios planteado por el uso ilimitado del poder de dominio, debe resolverse en favor de los solicitantes. En tal sentido, deseo revertir el fallo de la Corte Suprema de Connecticut.

PIE DE PÁGINAS

PIE DE PAGINA [1]

"Tampoco se expropiará la propiedad privada para uso público sin justa compensación." U. S. Const., Amdt. 5. La cláusula es aplicable a los Estados por la Decimocuarta Enmienda. Ver Chicago, B. y Q. R. Co. Chicago v., 166 U.S. 226 (1897).

PIE DE PÁGINA [2]

Varias agencias estatales estudiaron repercusiones económicas, ambientales y sociales del proyecto. Como parte de este proceso, un equipo de consultores evaluó seis propuestas alternativas de desarrollo para la zona, que variaban en extensión y énfasis. La Oficina de Planeamiento y Gestión, uno de las principales agencias del Estado, realizó la evaluación y concluyó que el proyecto era acorde con las políticas del estado y las políticas de desarrollo municipal. Ver App. 89-95.

PIE DE PÁGINA [3]

En el resto de la opinión diferenciaremos entre la Ciudad y la NLDC sólo cuando sea necesario.

PIE DE PÁGINA [4]

Mientras que este litigio estaba pendiente ante el Tribunal Superior, la NLDC anunció que iba a arrendar algunas de las parcelas a promotores privados a cambio de su compromiso para desarrollar la tierra de acuerdo a los términos del plan de desarrollo. Específicamente, la NLDC estaba negociando un contrato de arrendamiento de tierra por 99 años con Corcoran Jennison, un contratista seleccionado de un grupo de aspirantes. Las negociaciones contemplaban un alquiler simbólico de 1 dólar por año, pero ningún cuerdo se había firmado todavía. Ver 268 Conn. 1, 9, 61, 843 A. 2d 500, 509-510, 540 (2004).

PIE DE PÁGINA [5]

Véase también Calder contra Bull, 3 Dall. 386, 388 (1798) ("Un acto de la Legislatura (que no puedo llamar ley) contrario a los grandes principios del pacto social, no puede considerarse un ejercicio legítimo de la autoridad legislativa... Unos pocos casos serán suficientes para explicar lo que quiero decir ... La ley que expropia la propiedad de A y se lo da a B va contra toda razón y justicia, asumiendo que un pueblo va a confiar a una Legislatura tales atribuciones; y, por tanto, no puede presumirse que lo han hecho. El genio, la naturaleza y el espíritu, de los gobiernos estatales, equivale a una prohibición de tales actos de legislación; así como lo prohíben los principios generales del derecho y de la razón”. (el subrayado fue eliminado) ).

PIE DE PÁGINA [6]

Ver 268 Conn., en 159, 843 A. 2d, en 595 (Zarella, J., concurrente en parte y disidente en parte) ("El registro demuestra claramente que el plan de desarrollo no estaba destinado a servir a los intereses de Pfizer, Inc. ., o de cualquier otra entidad privada, sino más bien, para revitalizar la economía local mediante la creación de empleos temporales y permanentes, generando un aumento significativo en los ingresos fiscales, fomentando actividades económicas derivadas y maximizando el acceso público al muelle"). Y mientras la Ciudad tiene la intención de transferir algunos de las parcelas a un contratista privado en un arrendamiento a largo plazo, donde a cambio se espera del contratista arrendar el espacio de oficina y así sucesivamente a otros arrendatarios privados las identidades de las partes privadas no estaban determinadas cuando el plan fue adoptado. Es, por supuesto, difícil de acusar al gobierno de haber tomado una propiedad en beneficio de los intereses privados de B, cuando la identidad de B era desconocida.

PIE DE PÁGINA [7]

Ver por ejemplo, Dayton Gold & Silver Mining Co. contra Seawell, 11 Nev. 394, 410, 1876 WL 4573, *11 (1876) ("Si la ocupación pública y disfrute del objeto para el cual la tierra debe ser condenada proporciona la única y verdadera prueba para el derecho del dominio eminente, luego el poder legislativo sin duda tendría la autoridad constitucional para condenar las tierras de cualquier particular con el propósito de construir hoteles y teatros. ¿Por qué no? Un hotel es utilizado tanto por el público como un ferrocarril. El público tiene el mismo derecho, previo pago de una indemnización, a buscar descanso y refrigerio en una posada pública como lo tienen a viajar en un tren ").

PIE DE PÁGINA [8]

Desde sostener la Ley Mill (la cual autorizó a los fabricantes dependientes de la energía, la construcción de presas para inundar las tierras aguas arriba a cambio de una compensación justa), a aprobar expropiaciones necesarias para el desarrollo económico de Occidente a través de la minería y riego, muchos tribunales estatales eludieron el test de "uso público" de prueba cuando fue necesario o lo abandonaron por completo. Ver Nichols, El Significado del Uso Público en la Ley de Dominio Eminente, 20 B.U. L. Rev. 615, 619 - 624 (1940) (siguiendo este desarrollo y recolectando casos). Por ejemplo, rechazando el examen del "uso público" como demasiado restrictiva, la Corte Suprema de Nevada hizo hincapié en que "la Minería es la mayor de las actividades industriales en este estado. Todos los otros intereses están subordinados a él. Nuestras montañas son casi estériles de la madera, y nuestros valles nunca podrían ser rentables para fines agrícolas, excepto por el hecho de un mercado interno que ha sido creado por los proyectos mineros en diferentes secciones del Estado. Los intereses de la minería y molienda dan empleo a muchos hombres, y los beneficios derivados de este negocio se distribuyen más con las clases trabajadoras que con los dueños de las minas y canteras. ... La actual prosperidad del estado se debe enteramente a los desarrollos de la empresa minera ya realizados, y a todas las personas del estado están directamente interesadas en tener desarrollos futuros sin obstáculos por parte de la acción obstinada de uno o varios individuos”. Dayton Gold & Silver Mining Co., 11 de Nev., en 409-410, 1876 WL, en *11.

PIE DE PÁGINA [9]

Véase también Clark contra Nash, 198 U.S. 361 (1905) (sosteniendo una ley que autoriza al propietario de una tierra árida ampliar una zanja en la propiedad de su vecino a fin de permitir el paso de un arroyo cercano para regar sus tierras).

PIE DE PÁGINA [10]

Véase, por ejemplo, Mt. Vernon-Woodberry Cotton Duck Co. contra Alabama Interstate Power Co., 240 U.S. 30, 32 (1916) ("se establece la insuficiencia del uso por el público en general como una prueba universal"); Ruckelshaus contra Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1014 - 1015 (1984) ("Este Tribunal, sin embargo, ha rechazado la noción que un uso es un uso público sólo si la propiedad tomada es puesta en uso del público en general").

PIE DE PÁGINA [11]

Véase también Clark, 198 U.S., en 367-368; Strickley contra Highland Gold Mining Co., 200 U.S. 527, 531 (1906) ("En la opinión de la legislatura y de la Corte Suprema de Utah el bienestar público de ese Estado exige que las líneas aéreas entre las minas en las laderas de las montañas y los ferrocarriles en los valles no debe hacerse imposible, por la negativa de un propietario privado para conceder derecho de paso en su terreno. La Constitución de los Estados Unidos no nos obliga a decir que están equivocados"); O'Neill contra Leamer, 239 U.S. 244, 253 (1915) ("los Estados pueden tener en cuenta sus exigencias especiales, y cuando la extensión de sus tierras áridas o húmedas es tal que un plan para el riego o su recuperación, de acuerdo a los distritos, puede ser justamente considerado como uno que promueve el interés público, no hay nada en la Constitución Federal que niegue el derecho de formular esta política o de ejercer el poder de dominio eminente para efectuarlo. Con la situación local de la corte estatal es particularmente familiar y su juicio tiene derecho al máximo respeto").

PIE DE PÁGINA [12]

Cf. Village of Euclid contra Ambler Realty Co., 272 U. S. 365 (1926).

PIE DE PÁGINA [13]

Es una mala lectura de Berman para sugerir que el único uso público consagrado en este caso fue la eliminación inicial de la plaga. Ver breve respuesta a los peticionarios 8. El uso público descrito en Berman se extendió más allá de eso para abarcar el propósito de desarrollar esa área para crear condiciones que impidan una reversión a la plaga en el futuro. Ver 348 U.S., en 34-35 (" No era suficiente, creían los expertos, eliminar los edificios existentes que fueran insalubres o antiestéticos. Era importante para rediseñar toda la zona a fin de eliminar las condiciones que causan los barrios marginales .... Toda la zona necesitaba ser rediseñada de manera que un plan equilibrado, integrado podría ser desarrollado para la región, incluyendo no sólo nuevas viviendas, sino también escuelas, iglesias, parques, calles y centros comerciales. De esta manera, se esperaba que el ciclo de la decadencia de la zona pudiera ser controlado y prevenir el surgimiento de barrios marginales. Si la interpretación de uso público en Berman hubiera sido más estrecha habría sido difícil justificar la expropiación de la tienda por departamentos del demandante.

PIE DE PÁGINA [14]

Cualquier número de casos ponen de manifiesto que el logro de un bien público frecuentemente suele coincidir con el beneficio inmediato de particulares. Véase, por ejemplo, National Railroad Passenger Corporation contra Boston & Maine Corp., 503 U.S. 407, 422 (1992) (propósito público de "facilitar el servicio de trenes Amtrak" obtenido al expropiar vías férreas de una empresa privada y transferirlas a otra empresa privada); Brown contra Legal Foundation of Wash., 538 U.S. 216 (2003) (prestación de servicios jurídicos a los pobres es un fin público válido). Vale la pena señalar que en Hawaii Housing Authority contra Midkiff, 467 U.S. 229 (1984), Monsanto, y Boston & Maine Corp., la propiedad en cuestión mantuvo el mismo uso, incluso después del cambio de propietario.

PIE DE PÁGINA [15]

Cabe destacar que, como en el presente caso, los contratistas privados en Berman fueron obligados por contrato a utilizar la propiedad para llevar a cabo el plan de reurbanización. Ver 348 U.S. en 30.

PIE DE PÁGINA [16]

Nuestros casos tampoco sostienen la teoría novelística del juez O'Connor que el gobierno sólo puede expropiar y transferir la propiedad a los particulares cuando la expropiación inicial elimina un "uso perjudicial de la propiedad". Post. en 8 (opinión disidente). No había nada “perjudicial” acerca de la tienda por departamentos objeto de discusión en Berman, 348 U.S. 26; véase también n. 13, supra, nada “perjudicial” sobre las tierras en cuestión en los casos de la minería y agricultura, véase, por ejemplo, Strickley, 200 U.S. 527, ver también nn. 9, 11, supra; y, ciertamente, nada "perjudicial" sobre los secretos comerciales propiedad de los fabricantes de pesticidas en Monsanto, 467 U.S. 986. En cada caso, el propósito público que sostuvimos dependió del uso futuro por parte de particulares, en contraposición a su anterior uso, nuestros casos son fieles al texto de la Cláusula de Expropiación. Ver U. S. Const., Amdt. 5. ("La propiedad privada no debe ser expropiada para uso público sin justa indemnización"). La insinuación del juez O'Connor que un "propósito público" no debe alcanzarse por la acción de particulares, ver post, en 8, confunde el objeto de la expropiación con su mecánica, un error. Se nos advirtió en Midkiff, 467 U.S. 244. Véase también Berman, 348 U.S. en 33 a 34 ("El fin público puede ser alcanzado igual o mejor a través de una empresa privada que a través de un departamento de gobierno").

PIE DE PÁGINA [17]

Las Cortes han visto tales aberraciones con un ojo escéptico. Ver, por ejemplo, 99 Cents Only Store contra Lancaster Redevelopment Agency, 237 f. Supp. 2d 1123 (CD Cal. 2001); cf. Cincinnati contra Vester, 21 U.S. 439, 448 (1930) (expropiación nula en virtud de ley de dominio eminente del Estado por falta de una explicación razonada). Estos tipos de expropiaciones también pueden implicar otras garantías constitucionales. Ver Village of Willowbrook contra Olech, 528 U.S. 562 (2000) (per curiam).

PIE DE PÁGINA [18]

Cf. Panhandle Oil Co. Contra Mississippi ex rel. Knox, 277 U.S. 218, 223 (1928) (Holmes, J., disiente) (“La potestad tributaria no es el poder de destruir mientras esta Corte se sienta”).

PIE DE PÁGINA [19]

Un desfile de horrores es especialmente poco convincente en este contexto, ya que la Cláusula de Expropiaciones en gran parte "funciona como una limitación condicional, lo que permite el gobierno hacer lo que quiera, siempre y cuando pague el cargo". Eastern Enterprises contra Apfel, 524 U.S. 428, 545 (1998) (Kennedy, J., concurrente en el juicio y parcialmente disidente). Hablando del poder de expropiar, el juez Iredell observó que "no es suficiente instar, que se puede abusar del poder, porque, tal es la naturaleza de todo poder -como es la tendencia de toda institución humana, y, se puede decir de la manera más justa, que la potestad tributaria, que sólo es limitada por el criterio del Cuerpo, en la que reside, no debe ser concedido, porque la Legislatura, al no tener en cuenta su verdadero objeto, puede, para proyectos visionarios e inútiles, imponer un impuesto de 19 chelines por libra. Debemos contenernos de limitar el poder mientras podamos, y donde no podamos, en consonancia con su uso, debemos contenernos de reposar una confianza saludable. Calder, 3 Dall., en 400 (opinión concurrente en el resultado).

PIE DE PÁGINA [20]

Ver también Boston y Maine Corp., 503 U.S. en 422 - 423 ("No necesitamos hacer una determinación específica de hecho sobre si la condena logrará sus objetivos"), Monsanto, 467 U.S. en 1015, n. 18 ("Monsanto argumenta que la EPA y, por ende, el Congreso, mal interpretó las verdaderas "barreras de entrada a la industria de los pesticidas y que las disposiciones de la ley impugnadas de la ley crean, en lugar de reducir, barreras de entrada .... Tales argumentos económicos son más bien dirigidos al Congreso. La investigación adecuada ante esta Corte no es si las disposiciones, de hecho, van a lograr los objetivos establecidos. Nuestra revisión se limita a determinar que el propósito sea legítimo y que la racionalidad del Congreso podría haber creído que las disposiciones promoverían ese objetivo").

PIE DE PÁGINA [21]

El amici plantea preguntas acerca de la imparcialidad de la medida de una justa indemnización. Véase, por ejemplo, Brief for American Planning Association en al. como Amici Curiae 26-30. Si bien es importante, estas preguntas no están ante nosotros en este litigio.

PIE DE PÁGINA [22]

Ver, por ejemplo, County of Wayne contra Hathcock, 471 Mich. 445, 684 N. W. 2d 765 (2004).

PIE DE PÁGINA [23]

Bajo la ley de California, por ejemplo, una ciudad solo puede expropiar terrenos para propósitos de desarrollo económico en áreas arruinadas. Cal. Health & Safety Code Ann. §§33030- 33037 (West 1997). Ver, por ejemplo, Redevelopment Agency of Chula Vista v. Rados Bros., 95 Cal. App. 4th 309 (2002).

PIE DE PÁGINA [24]

Por ejemplo, algunos sostienen que la necesidad del dominio eminente ha sido exagerada, porque los contratistas privados pueden utilizar numerosas técnicas, incluyendo negociaciones secretas o estrategias de compromiso previo, para superar los problemas de exclusión y montar las tierras para proyectos verdaderamente rentables. Véase Informe de Jane Jacobs como Amicus Curiae 13-15; ver también Informe de John Norquist como Amicus Curiae. Otros sostienen lo contrario, insistiendo en que la necesidad del dominio eminente es especialmente grande en lo que respecta ciudades viejas y pequeñas como New London, donde siglos de desarrollo han creado una sobre división extrema de la tierra y por lo tanto un obstáculo real para el montaje de la misma. Véase el informe de la Conferencia de Connecticut para municipios y otros como Amici Curiae 13, 21; ver también Informe de la National League of Cities y otros como Amici Curiae.

PIE DE PÁGINAS

PIE DE PAGINA [1]

Algunas constituciones estatales al momento de su creación, carecían de cláusulas de justa indemnización y se expropiaba la propiedad, incluso sin compensación. Ver Lucas contra South Carolina Coastal Council, 505 U. S. 1003. 1056-1057 (1992) (Blackmun, J "disidente). Los creadores de la Quinta Enmienda, al parecer no estaban de acuerdo, ya para ellos la indemnización estaba expresamente prohibida y la Quinta Enmienda no fue incorporada contra los Estados hasta mucho más tarde. Ver id., En 1028, n. 15.

PIE DE PÁGINA [2]

Comparar ante, en 8, y n. 8 (opinión mayoritaria) (observando que algunos tribunales del estado confirmaron la validez de la aplicación de las Leyes de Mill (Molino) para fines privados argumentando que: "el criterio de uso público "prueba", "erosionando con el tiempo"), como, por ejemplo, Ryerson v. Brown, de 35 Mich 333, 338 –339 (1877) (refiriéndose como "esencial" para la constitucionalidad de la Ley de Mili " que el estatuto debe requerir que el uso sea público, de hecho, es decir, que contenga disposiciones que den derecho a lugares público "), Gaylord contra. Sanitary Dist.of Chicago, 204 111. 576, 581-584, 68 NE 522, 524 (1903) (lo mismo), Tyler v. Beacher, en 44, Vt 648, 652 a 656 (1871) (lo mismo); Sadler v. Langham, en 34 Ala 311, 332-334 1859) (derribando por carreteras puramente privado); Varner contra Martin, 21 W . Ver. 534, 546-548, 556-557, 566 a 567 (1883) Molinis y carretas que tuvieron que ser abiertas al público para la consideración de uso público), Harding v. Goodlett, 3 Yerg 41(1832); Jacobs contra Clearview Suministro de Agua Co., 220 Pa. 388, 393-395, 69 A. 870, 53872 (1908) (aprobar el actual estándar de uso público), Minnesota Canal & Power Co. Contra Koochiching Co., 97 Minnesota 429, 449-451, 107 NO 405, 413 (1906) (lo mismo); Chesapeake Stone Co. v. Moreland, 126 Ky 656, 663-667, 104 SW 762, 765 (Ct. De la aplicación. 1907) (caso idéntico); Nota, el uso público de Expropiación Forzosa, de 21 NYULQ Rev. 285, 286 y n. 11 (1946) (Un llamando a al actual criterio de uso público a utilizar un criterio real de la " opinión mayoritaria”, citando otros casos).

PIE DE PÁGINA [3]

Algunos Estados también promovieron la enajenación de bienes por la abolición del sistema feudal "de dejar de alquilar” es decir, arrendamientos a largo plazo que permite al propietario reservarse a si mismo el derecho de pago perpetuo de las rentas de sus inquilinos. Ver Vanee, La búsqueda de la tenencia en los Estados Unidos, 33 Yale LJ 248, 256-257, 260 a 263 (1923). En Hawai Authority Housing contra. Midkiff, 467 EE.UU. 229 (1984), el Tribunal citó las políticas estatales a favor de la enajenación de la tierra como evidencia de que el poder del poder eminente del gobierno. Ver id., en 241-242, y n. 5. Pero eran usos del poder regulatoria del Estado, no el poder de expropiar, y por lo tanto no eran pertinentes al tema tratado por Midkiff. Este desajuste acentúa el error de confundir la potestad reglamentaria de un Estado con la facultad de expropiar.

Gustavo Eduardo Valero Rodríguez Derecho Administrativo @gusvaleror

KELO vs CIUDAD DE NEW LONDON-Corte Suprema de Connecticut

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